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Opinión

SI EPN cree que bajó la violencia, que se de una vuelta por la Sierra sin escoltas: MORENA

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Esta es la editorial que dedica el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la visita de Enrique Peña Nieto a Chihuahua:

SI PEÑA NIETO PIENSA QUE LA INSEGURIDAD HA DISMINUIDO EN CHIHUAHUA, QUE SE DE UNA VUELTO SIN ESCOLTAS POR LAS CARRETERAS DE LA SIERRA: MORENA.

A falta de un diagnóstico y una estrategia sólida ante la violencia y la criminalidad, Enrique Peña Nieto optó por prometer centros de convenciones durante su visita a Chihuahua. Está tan lejano de la problemática causada por el crimen en la entidad, que sería bueno que se diera una vuelta sin escoltas por las carreteras de la sierra donde acaban de ser asesinadas cuatro mujeres para que sintiera el terror cotidiano que sienten las familias de Chihuahua. Esto manifiesta el coordinador estatal del MORENA en el estado, Víctor Quintana.

Es evidente que Peña Nieto o está mal asesorado o no se deja asesorar. Su discurso deja ver que no existe un certero diagnóstico de lo que pasa en el estado ni de lo que pasa en el país, y esto se dejó ver desde que presentó el Plan Nacional de Seguridad el lunes pasado. Luego de más de tres meses que transcurrieron desde su nombramiento como presidente electo a la fecha, era tiempo más que suficiente para que sus asesores le hubieran elaborado un diagnóstico certero y acucioso de las manifestaciones de la violencia y la inseguridad, sus consecuencias y sus causas sociales, pero no hay nada de eso.

Los famosos seis puntos de planeación, prevención, protección, coordinación, evaluación y retroalimentación no son más que un refrito de cualquier manual del proceso administrativo para primero de profesional. Carecen de un contenido preciso, no revelan un curso de acción sólido, intencionado a atacar las causas mediatas e inmediatas de la criminalidad y la violencia en el país.

Las grandes ausencias en el planteamiento de Peña Nieto son, en primer lugar: un diagnóstico serio sobre las causas sociales de la violencia en el país, es decir, la relación de ésta con la situación de deterioro económico, desempleo, estancamiento en el ingreso de las familias, falta de servicios de protección y cobertura social, etc. En segundo lugar, un insuficiente diagnóstico sobre la incidencia de la corrupción de autoridades, cuerpos policíacos y fuerzas armadas en la impunidad y en la reproducción de la criminalidad. En tercer lugar, un total descuido de la dimensión internacional del problema: ningún planteamiento contundente sobre la venta sin control de armas en los Estados Unidos y el contrabando de las mismas hacia México. En cuarto lugar, un total descuido también en el problema del lavado de dinero, cuando el Departamento de Justicia del gobierno norteamericano acaba de multar al banco HSBC por mil 900 millones de dólares por sus operaciones con dinero producto de actividades criminales, sobre todo de los cárteles mexicanos. Y en quinto lugar, una estrategia multifactorial que, partiendo de este diagnóstico, ataque todas las causas de la situación tan terrible que se vive.

La ciudadanía chihuahuense es una ciudadanía informada y crítica, a ella no se le conforma con el aparato y la palabrería de la visita presidencial del martes 18, concluye el MORENA.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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