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México

“Si fuese gerente de una empresa, ya lo hubieran corrido”: AMLO sobre procurador de Guanajuato

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que deben renovarse las autoridades que tienen la encomienda de garantizar la seguridad en Guanajuato, toda vez que no hay buenos resultados en esa materia e incluso, aseguró que si el procurador del estado fuese gerente de una empresa “ya lo hubieran corrido”.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que Guanajuato es uno de los estados en donde hay más violencia sin que haya una mejora.

“Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”, destacó.

“No es posible.. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, en donde está de por medio la vida de la gente.. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, porque cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridades no se avanza”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal recalcó que los cambios son necesarios ante los malos resultados, sobre todo en materia de seguridad, por lo que confió en que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “actúe y tome decisiones”.

“¿Cómo legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? Todo eso lo crearon para afianzar la impunidad, son cosas que hay que revisar. Ojalá que el gobernador “actúe y tome decisiones”, apuntó.

“Ojalá que el gobernador actúe y tome decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones por intereses de grupo. Nada de que una secta es la que domina y los líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan, como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, es para proteger al pueblo sea de la ideología que sea, de las creencias que sean”, enfatizó.

López Obrador aseguró que la federación ha hecho “muchas cosas” para ayudar a disminuir la violencia en la entidad, pero en el caso de los homicidios -dijo- son delitos del fuero común.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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