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Si Peña Nieto está involucrado en caso Lozoya, FGR lo resolverá: AMLO

En al menos dos ocasiones, el mandatario federal fue interrogado sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el cual resaltó que se han recuperado y operado mil 647 millones de pesos de la Cuenta Pública 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Reforma, la ASF calculó en 28,876.9 millones de pesos como recuperaciones probables. Uno de los rubros en los que hizo énfasis la Auditoría es en el gasto no comprobado a medios de comunicación, que ascendió a más de 5,000 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina ofrecida desde La Paz, Baja California Sur, López Obrador reiteró que en su gobierno no se llevará una política persecutoria, pero sí de justicia, ya que aseveró, “la justicia no es solo castigar, la justicia es también prevenir, que ya no haya corrupción, es lo que más nos importa”. Y sacó un pañuelo blanco en señal de paz.

“Le puedo decir esto a los conservadores, me lo dice el diablito ‘sácale el pañuelito blanco a los conservadores para que se enojen’. No hay corrupción arriba, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, así de claro. No necesito la espectacularidad, la farsa”, expresó.

Criticó que en el pasado, agarraban a chivos expiatorios y decían ‘ahora sí se acaba con la corrupción’ y que los mismos gobernantes alentaban y engañaban a la gente diciéndole ‘van a caer peces gordos’.

“Era pura faramalla y los medios quemando incienso, aplaudiendo, callaban como momias, no decían nada”, apuntó.

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El presidente aseveró que la FGR es autónoma y que no será como antes, cuando el presidente decía a quién se exoneraba y a quién se perseguía.

Asimismo, urgió a que se debe resolver, con la ayuda de constitucionalistas, si legalmente se puede juzgar a un presidente por delitos que no sean el de traición a la patria.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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