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Duarte

Sin resolución en caso Duarte: cortan audiencia y jueza analizará las evidencias

La extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte quedó en pausa tras la suspensión de la audiencia en Estados Unidos.

Calcularon que desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, el exmandatario estatal transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.

Según Jason Wu, los recursos desviados jamás beneficiaron a nadie que no fuera el propio César Duarte.

La defensa de Duarte estuvo encabezada por el abogado defensor Juan Morillo, quien durante su intervención mantuvo las acusaciones en contra del gobernador Javier Corral y destacó que ha estado coaccionando testigos para afectar su cliente.

La defensa reiteró que había sido víctima de la persecución política del actual gobernador, quien ha solicitado su extradición desde que inició su mandato. Y que incluso Corral ha utilizado a sus contrincantes políticos para obligarlos a declarar.

En su intervención, reiteró lo que Expansión publicó desde el pasado 6 de enero que “Los testigos pueden enfrentar represalias significativas por parte del gobierno mexicano y del estado de Chihuahua si sus identidades se revelan públicamente. La administración de Corral tiene bien documentado el historial de persecución de supuestos aliados del Sr. Duarte”.

El oficio fue presentado en ese entonces por los abogados Henry P. Bell y Armando Rosquete ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida encabezada por Lauren F. Louis como parte del caso 20-22829-CR-LFL que se le inició cuando fue detenido en julio del 2020 en Miami.

Los abogados aseguraron que el actual gobierno ha amenazado a exmiembros de la administración de Duarte con fincarles cargos criminales, «que a todas luces, son fabricados», si no testificaron contra él.

Hablaron sobre las presiones que supuestamente recibiera el exsecretario de Hacienda César Herrera, testigo principal en contra de Duarte y fundamental para que el gobierno de Chihuahua para que se acreditara una causa probable de que el exgobernador cometió delitos de peculado y asociación para delinquir.

Destacaron que Herrera confesó que el testimonio que brindó contra numerosas personas, probablemente incluido el Sr. Duarte, fue falsa y coaccionada por el gobierno de Chihuahua.

Anoche, en un documento, la defensa destacó que “las admisiones más recientes del señor Herrera destruyen la competencia de su testimonio previo, y el tribunal no debe considerarse en el contexto de la evaluación de la causa”.

En la audiencia estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Chihuahua y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También familiares de César Duarte, como sus hijos César A. Duarte, Isabel Duarte y Olga Sofía Duarte.

Información de Expansión Política  

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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