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México

Sin sobrevivientes, explosión de polvorín en Hidalgo

Autoridades de Salud del estado de Hidalgo confirmaron el fallecimiento de la tercera persona que resultó con quemaduras tras la explosión de un polvorín, registrada en la huasteca hidalguense.

Víctimas: María Luisa Olivares Chávez, de 65 años de edad, Julio Hernández Martínez, de 60 años; y Urbano Bautista Rosales, de 65.

La víctima fue identificada como Urbano Bautista Rosales, de 65 años de edad, quien murió en el hospital de especialidades de Zumpango, Estado de México, donde fue trasladado a consecuencia de la gravedad de las quemaduras que presentaba su cuerpo tras la trágica explosión registrada en la comunidad de los Horcones, del municipio de Huejutla, el pasado miércoles.

Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud de Hidalgo, confirmó el deceso de la tercera víctima, quien había sido trasladado en helicóptero al estado de México para su atención médica.

A este, se suman las muertes de Julio Martínez Hernández, de 54 años, quien pereció en el área de terapia intensiva del Hospital Regional de la Huasteca, donde horas había sido ingresado a causa de las múltiples lesiones y quemaduras que sufrió producidas por la explosión, y de María Luisa Oivares, de 65 años, quien murió en el lugar.

La tragedia se registró la tarde del pasado miércoles, alrededor de las 14:35 horas; al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos municipal, así como varias ambulancias para atender a los heridos, quienes en un inicio fueron llevados a la Cruz Roja regional de Huejutla.

De acuerdo con los primeros informes, la explosión se derivó de la mala manipulación del material explosivo que se almacenaba en el taller, dejando un saldo inicial de la mujer muerta y resultado con lesiones dos hombres, quienes finalmente murieron a causa de las heridas.

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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