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Sinaloa enciende las alarmas: 50 mujeres asesinadas en 7 meses; los feminicidios aumentan 400%

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Los crímenes de las enfermeras Cindy y Érika no sólo desnudan la saña con que se realizaron, también dejan constancia de que este delito de alto impacto creció de manera alarmante de un año para otro en en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, una herramienta de consulta ciudadana que documenta 10 delitos por estado, municipio y País, entre ellos el feminicidio, en Sinaloa de enero a julio de este año se registraron 50 casos, mientras que en el mismo periodo de 2016 hubo 10, lo que significa un incremento del 400 por ciento.
Las estadísticas del Semáforo Delictivo provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta de los reportes de las fiscalías estatales.
En la audiencia inicial realizada el sábado contra los implicados en el crimen de las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su acompañante, la Fiscalía los acusa de feminicidio, robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado.
Otro de los casos que conmocionó al estado durante mayo fue el asesinato de la joven Alondra, de 16 años, la cual tenía cuatro meses de embarazo; el presunto agresor fue vinculado a proceso y está acusado de feminicidio, por lo que puede alcanzar una sentencia superior a los 30 años de prisión.
Cindy “N” y Érika “N”, dos enfermeras del IMSS una en Mazatlán y otra de Costa Rica, Culiacán, desaparecieron el sábado 29 de julio después de que salieron de un bar de la Zona Dorada del puerto y ya no regresaron a sus domicilios.
Su desaparición provocó la movilización de familiares y amigos para encontrarlas. Días después de su desaparición Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General de Justicia de Sinaloa, dio a conocer el hallazgo de varios cuerpos, los cuales coincidían con el ADN de los familiares.
La Fiscalía informó en la audiencia inicial encabezada por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que cuatro personas fueron detenidas y les imputaron los delitos de privación de la libertad personal agravada, homicidio calificado, feminicidio y robo de vehículo, dentro de la causa penal 294/2017.
En la audiencia en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur, en este puerto, donde a los detenidos Omar Andrés “N”., Juan Manuel “N”., Juan Diego “N”., y Luis Humberto “N”, también se les determinó prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.
La Fiscalía manifestó que de acuerdo con las investigaciones, a las 5:00 horas del domingo 30 de julio las enfermeras Cindy “N”., Érika “N”., y el joven José Antonio “N.”, se encontraban frente a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento del Bosque.
También identificó a otro hombre al que menciona como testigo protegido, y hasta el lugar llegaron varios hombres, entre ellos los ahora detenidos, junto con otra persona que aún no ha sido capturada, a bordo de un Honda Civic negro, y mediante amenazas con armas de fuego se llevaron a José Antonio “N”, en la parte posterior de ese vehículo.
El ahora indiciado Luis Humberto “N”., con los alias “El Chéster”, “El 30” o “El Luisón”, se apoderó de un vehículo Nissan Versa gris, en el cual habían arribado las ahora víctimas a ese lugar, propiedad de una persona que la tiene registrada a la aplicación de una plataforma para transporte privado de personas.
En ese momento Érika “N”, le reclamó al hombre, ahora identificado como testigo protegido, el porqué privaban de la libertad a José Antonio “N”, si momentos antes ella lo había visto a él saludar a José Antonio en un bar de la Zona Dorada.
Al verse descubierto, el ahora testigo protegido llamó a quienes se habían llevado a José Antonio a que regresaran para llevarse también a quien posteriormente se supo eran las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cindy “N”. y Érika “N”.
El ahora testigo protegido entró al domicilio, sacó un arma de fuego para obligar a las enfermeras a ingresar a esa casa para retenerlas.
Los demás hombres se llevaron a José Antonio hasta un predio cerca del panteón 2 de Villa Unión, a dos kilómetros rumbo a La Amapa, donde se lo entregaron a integrantes de otro grupo aún no identificado, quienes lo asesinaron con un machete y lo quemaron.
Al caer la noche del 30 de julio, los integrantes del grupo armado que se había llevado a José Antonio también se llevó a Cindy y Érika en el mismo Honda Civic negro.
La Fiscalía dijo que se las llevaron cerca del panteón 2 de Villa Unión, con rumbo a La Amapa, donde las asesinaron y también les prendieron fuego.
En Sinaloa, el padre de una de las dos enfermeras asesinadas no da crédito a lo que está viviendo
En marzo la administración encabezada por Quirino Ordaz Coppel solicitó a la Secretaría de Gobernación implementar la “Alerta de Género” por el alto número de asesinatos de mujeres en la entidad, y se decretó para Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.
La “Alerta de Género” es un mecanismo de protección implementado por la Federación para contrarrestar la violencia hacia las mujeres, respaldado por un conjunto de políticas públicas.
El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses informó tras decretarse la Alerta de Género, que de 2005 a marzo de 2017 en la entidad había registros de 841 mujeres asesinadas.

Fuente: Noroeste

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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