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México

Sinaloa prohíbe castigos a golpes contra niños

El Congreso del Estado de Sinaloa prohibió los golpes o castigos físicos y psicológicos en contra de los niños y adolescentes por parte de sus padres o tutores.

Quien incumpla con la iniciativa de reforma al Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa podría purgar una condena de hasta 15 años de prisión.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Equidad, Género y Familia que preside la diputada Francisca Abelló Jordá que aprobó la reforma a la fracción VIII del Artículo 83 donde se establece la prohibición de “cualquier atentado” a la integridad física o psicológica de los niños y adolescentes en menoscabo a su desarrollo integral.

La prohibición es contra cualquier tipo de violencia, sobre todo el castigo corporal para quienes ejercen la patria potestad, la tutela o guarda y custodia, reporta Café Negro.

Según el Artículo 136 del Código Penal, al responsable de lesiones se le puede imponer una pena de cárcel de 3 a 5 meses, así como 10 a 30 días de multa si las heridas tardan más de quince días en sanar.
La sanción será de 2 a 4 años de prisión, así como de 70 a 100 días de multa cuando dejen cicatriz en la cara; de 3 a 6 años de prisión, además de 150 a 200 días de multa si ponen en peligro la vida.

De 6 a 15 años de prisión, además de 250 a 400 días de multa si las lesiones se infligen con crueldad o tormento por vía vaginal o anal a través de cualquier objeto u órgano humano distinto al pene. Asimismo, la sanción se agravará una tercera parte de la pena del delito si es un menor de edad.

sdp noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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