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México

Sindicato de la Semarnat advierte “compleja problemática” en plan descentralizador de AMLO

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) envió una misiva al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que expresan su rechazo a la descentralización de la dependencia, porque –dice—los trabajadores resultarían afectados.

En cinco cuartillas firmadas por el secretario general del SNTSEMARNAT, Ignacio Ocampo Esquivel, y el presidente del Consejo de Vigilancia del gremio, Santiago García López, pidieron tomar en cuenta que la mayoría de los trabajadores cuentan con un crédito hipotecario, “mismo que se está amortizando de acuerdo a su nivel de percepciones actuales, situación que les impedirá pagar otro, en el supuesto que se les conceda otro para una nueva vivienda”.

Destacaron los casos en los que ambos cónyuges trabajan en el gobierno federal, en dependencias o entidades distintas, “lo cual supone que la descentralización anunciada se convertiría en una causa de ruptura del vínculo familiar de nuestros agremiados”.

A eso, sumaron que los hijos de los trabajadores de la dependencia cursan distintos niveles de educación escolar, “lo cual agrega al problema laboral un disturbio de manera social, si se llegan a truncar las carreras educativas de los hijos”.

Desde la perspectiva del sindicato, dicha descentralización de la que no se han publicitado sus beneficios, “entraña una compleja problemática social, personal y familiar para los trabajadores de la dependencia”.

Además, sostienen, la descentralización afectaría la dignidad de sus agremiados, quienes indiscutiblemente se sentirían como simples objetos susceptibles de un espacio físico a otro, trasladados arbitrariamente a un entorno social desconocido, sin haber respetado siquiera el respeto elemental a su libre decisión, sino de manera impuesta y, por lo tanto, de manera contraria a su voluntad, a sus derechos personales y laborales.

“Si se mantiene el estado de desinformación que ha privado hasta el momento, las circunstancias relativas al proyecto pueden prestarse a la especulación y a todo tipo de conjeturas, que resultan perjudiciales para este tipo de reformas”, consideraron.

Como sindicato, se comprometieron a evitar en todo lo posible la afectación a sus derechos fundamentales, con la decisión del nuevo gobierno.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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