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SIP exige a gobierno mexicano medidas para evitar muerte de periodistas

La SIP condenó este jueves el asesinato en México del periodista Alberto López Bello y exigió al gobierno investigar el caso e implementar una política mejorada.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves el asesinato en México del periodista Alberto López Bello y exigió al gobierno investigar el caso e implementar una política mejorada que evite la violencia contra los periodistas.

López Bello, de 28 años, periodista de la fuente policial del diario El Imparcial y colaborador de Radiorama en el estado sureño de Oaxaca, fue encontrado muerto la madrugada del miércoles.

Junto al cadáver de López Bello se hallaba el cuerpo de un policía del municipio de Oaxaca, de 26 años.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que “casos como este demuestran la inefectividad y fragilidad de las políticas del gobierno en asegurar la integridad física de los periodistas y para sancionar a los responsables de los delitos”.

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “la ineficacia de la ley de protección y la lentitud para castigar los ataques y actos de violencia contra medios y periodistas en México, reduce cada vez más la oferta informativa que reciben los ciudadanos en zonas del país afectadas por el crimen organizado, ya que por temor a represalias los medios y los periodistas se ven obligados a practicar la autocensura como acto de sobrevivencia”.

El 18 de mayo, López Bello fue detenido por policías estatales junto con Jacobo Robles, también periodista de El Imparcial, mientras tomaban fotografías a una manta aparentemente colocada por el crimen organizado en un puente peatonal, cerca del aeropuerto local, según el comunicado de la SIP, divulgado en Miami, donde tiene su sede el organismo patronal de medios.

En aquella oportunidad los oficiales les retiraron el equipo y sus teléfonos, y fueron trasladados al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Santa María Coyotepec, donde los ficharon y luego los llevaron a la Procuraduría General de la República de Oaxaca.

Cinco horas después, el Ministerio Público los liberó tras determinar que su detención fue ilegal.

La SIP denunció que en los últimos meses en Oaxaca se ha reportado un incremento en la presencia del narcotráfico, que hasta hace poco no afectaba a la capital estatal.

México se convirtió en los últimos años en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con al menos 84 informadores asesinados y 20 más desaparecidos desde 2000, según la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: La Patilla

sip

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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