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Sistema universitario Jesuita lamenta cancelación del DACA

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La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y su sistema de universidades lamenta la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

La medida «va en contra de los derechos humanos de los migrantes, uno de los sectores más vulnerables por el racismo, la pobreza y la violencia que sufren continuamente», argumenta.

Al igual que la Conferencia Jesuita de Estados Unidos y Canadá, en México, los jesuitas reiteran su apoyo a los «dreamers» (soñadores) y les recuerdan que «no están solos».

«Los jesuitas, así como miles de colaboradores laicos, no nos daremos por vencidos en la lucha por sus derechos».

Ningún gobierno puede romper ese enlace sagrado”, señala una Carta Pastoral publicada por la Conferencia binacional, tras detallar que desde diciembre pasado, universidades y colegios jesuitas en Estados Unidos, protegen a sus estudiantes indocumentados al reafirmar su compromiso por «custodiar la dignidad de cada persona, de trabajar por el bien común de su nación, así como promover una fe viva que trabaja por la justicia».

Asimismo, la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Sistema Universitario Jesuita de México (SUJ), asesoran y orientan académica y jurídicamente a los estudiantes que han sido y sean deportados o retornen a México debido a su estatus migratorio.

Los jesuitas de México también se unen al llamado hecho por sus correligionarios en Estados Unidos y Canadá, para que el congreso estadounidense actúe sin retraso en la promulgación de una solución duradera, finaliza la Universidad Iberoamericana en un comunicado.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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