Opinión

Sobrecarga colectiva. Por Itali Heide

Itali Heide

Mientras pasa otro madrugón de cumplir con las fechas de entrega que parecen nunca cesar, intriga la cuestión de lo verdaderamente sobrecargada de trabajo que se ha vuelto la sociedad. No es que el trabajo sea algo malo -motiva, impulsa la creación, la imaginación y fomenta los logros-, pero es innegable que el ser humano moderno ha aceptado el hecho de trabajar horas y horas y horas y horas como parte de su existencia.

El problema a resolver no es sacar a la fuerza laboral para que todos puedan pasar los días acostados viendo la televisión, sin levantar ni siquiera la voz, sino las trampas que lleva consigo la inevitable explotación laboral que vive muchísima gente de día a día. Mientras que los salarios han bajado, el costo de la vida ha subido, y aquellos que no tienen la suerte de tener un apartamento extra en reserva, difícilmente encontrarán un trabajo que cubra el costo de vivir en uno, por no hablar de la salud, el entretenimiento y la seguridad que aporta tener de qué vivir.

Más allá de la evidente escasez de empleo que ha golpeado al mundo, mientras se sigue sobre poblando el planeta y nos aferramos a un sistema capitalista que no sirve para la existencia futura de la humanidad, los espacios que habitamos están plagados de gente sobrecargada de trabajo en máquilas, oficinas, salones, laboratorios, tiendas y fábricas. Muchos ganan solamente el salario mínimo (y con suerte), haciendo el trabajo máximo. ¿Cómo podemos respetar a un país que paga centavos por trabajos que provocan dolores de espalda, manos encallecidas, mentes insufribles y pies hinchados? Parece inhumano permitirlo, y sin embargo no es nada fuera de lo común en este país.

Estar sobrecargado de trabajo, mal pagado, sobreestimulado y excesivamente cansado son los elementos básicos de la existencia humana en este momento. Incluso las cosas destinadas a mantener a la gente feliz reflejan los fugaces momentos de emoción que el materialismo y el consumo les permiten. El dinero se ha convertido, sin duda, en la herramienta más poderosa del mundo para adquirir lo que se considera <felicidad>, aunque si miráramos en profundidad, ninguna compra podría llenar el hueco que se reserva para la autenticidad pura de cada persona.

Sin embargo, el dinero es un tema difícil de abarcar cuando se ve desde la perspectiva realista: realmente, sí puede contribuir a la felicidad de las personas. Comprarse un Ferrari no resolverá un hoyo existencial, pero poder pagar la renta, la luz, el internet, comida para el mes, un poco para ahorrar y lo suficiente para divertirse seguro que sí aporta un sentimiento de seguridad y paz que ninguna compra puede reemplazar. El dinero no es felicidad, pero es imposible alcanzar la paz sin ella (desafortunadamente).

Aunque la felicidad es una estrella fugaz que se va tan rápido como llega, imposible de atrapar y conservar durante mucho tiempo, la sociedad debe esforzarse por crear un país en el que estar contento, seguro y a salvo es la norma. Para que el capitalismo sobreviva, debe establecer la empatía como su motivador. Tiene que apartar el foco de atención del consumidor y dirigirlo hacia sus trabajadores, viendo a todos como seres humanos con necesidades, turbulencias, cambios y sueños incumplidos. Debe entonces darles las herramientas para que puedan hacer frente a las necesidades, tener tiempo para las turbulencias, adaptarse a los cambios y perseguir los sueños que van más allá de su trabajo diario.

En el mundo ideal, todos deberían tener tres cosas: tiempo, dinero y salud. Tiempo para jugar, descubrir, experimentar y reflexionar. Dinero para sobrevivir, comer, invertir y dormir. Salud para respirar, mirar y recordar que estamos vivos. Que todas las personas del mundo puedan acceder de alguna manera a estos tres derechos humanos parece una imposibilidad en un futuro próximo, debido a nuestra forma de consumo y a la destrucción activa del planeta, pero nunca está de más mantener la esperanza y planificar un futuro que sí ponga la empatía humana por encima de todo lo demás.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.