¿Lo harán o no? El presidente del gobierno autonómico de Cataluña, Carles Puigdemont, le dijo el martes a la BBC que esa región declarará su independencia de España en cuestión de días, tras realizar el domingo pasado un controvertido referéndum que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

En la consulta participaron unos 2,3 millones de personas (cerca del 40% de la población con derecho al voto), según cifras de las autoridades catalanas, quienes aseguraron que 90% de los votantes respaldaron la propuesta de independizarse de España.

La votación se vio marcada por las cargas policiales, arrojando un saldo de más de 800 heridos, aunque según sus críticos no ofreció las garantías democráticas mínimas.

Pese a ello, las autoridades catalanas parecen decididas a declarar unilateralmente su separación de España. Un paso que, de concretarse, probablemente termine siendo bloqueado por el gobierno del presidente Mariano Rajoy.

El presidente catalán hizo este miércoles una declaración institucional en la que criticó el discurso de la víspera del rey Felipe VI -quien acusó de deslealtad a las autoridades de Barcelona- y en la que volvió a pedir una mediación internacional para resolver el conflicto.

El Gobierno español respondió por medio de un comunicado en el que afirmó que no aceptaría» el chantaje» de Puigdemont y reiteró que las instituciones catalanas deben volver a la senda de la legalidad como paso previo a cualquier negociación.

Pero, suponiendo que logre separarse, ¿sería Cataluña capaz de mantenerse como un estado independiente?

Los emblemas de un Estado

Vista desde fuera, da la impresión de que Cataluña ya dispone de muchos de los elementos emblemáticos de un Estado. Tiene una bandera, un Parlamento y hasta un líder, Carles Puigdemont.

Además cuenta con su propia policía, los Mossos d’Esquadra.

También tiene su propio órgano regulador de las telecomunicaciones e, incluso, con oficinas de representación en el extranjero, una suerte de mini embajadas que promueven alrededor del mundo el comercio y la inversión en Cataluña.

También gestiona importantes servicios públicos como las escuelas y la atención sanitaria.

En caso de independizarse, sin embargo, requeriría hacer mucho más incluyendola gestión de las fronteras, las aduanas,un Banco Central, una agencia de recaudación de impuestos, el establecimiento de relaciones internacionales apropiadas, una oficina de control aéreo y, por supuesto, todo lo relacionado con el área de Defensa.

Todas estas áreas en la actualidad son gestionadas por Madrid.

Pero, asumiendo que Cataluña creara todas estas nuevas instituciones, ¿sería capaz de pagar por ellas?

Fuerza económica

«Madrid nos roba» es un lema popular entre los independentistas catalanes. La creencia popular es que, comparativamente, lo que paga Cataluña es más que lo que recibe del Estado español.

Cataluña
Cataluña cuenta con su propia fuerza policial: los Mossos d’Esquadra.

Ciertamente, Cataluña es más rica que otras regiones españolas. Alberga apenas 16% de la población española, pero representa 19% del Producto Interior Bruto y 25% de las exportaciones de España.

También tiene un gran peso en el sector turístico: 18 millones de los 75 millones de turistas que visitaron España en 2016 escogieron a Cataluña como su destino principal, lo que la convierte en la región más visitada del país.

La provincia catalana de Tarragona alberga uno de los mayores centros de la industria química de Europa, mientras que el puerto de Barcelona es uno de los 20 principales de la Unión Europea en función del volumen de bienes que gestiona.

Desde el punto de vista educativo, una tercera parte de la población activa catalana tiene algún tipo de formación superior.

También es cierto que los catalanes pagan más impuestos de los que son gastados en su región.

Según aseguran los partidarios de la independencia catalana, los impuestos pagados por los habitantes de Cataluña superan hasta en US$16.000 millones el monto que recibe la región del gobierno de Madrid.

Estas estimaciones son rechazadas por el gobierno central que niega que esa autonomía no reciba una cuota justa de inversión pública y apela a la redistribución de la riqueza entre las regiones españolas.

BBC