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Soldados implicados en ejecución extrajudicial declararon que sus cámaras estaban apagadas

Los militares involucrados en una ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declararon ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) que tenían cinco cámaras las cuales estaban apagadas y ninguno reconoció la existencia de alguna grabación al respecto

Fue el pasado lunes que El Universal difundió un video en el que se observa a soldados disparando contra una camioneta en donde viajaban presuntos integrantes de la delincuencia organizada, hechos que se registraron la madrugada del 3 de julio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La versión oficial en relación a los hechos fue que tras el enfrentamiento 12 individuos fallecieron, entre los que había tres individuos secuestrados, pero en el video que dio a conocer dicho periódico reveló lo contrario, ya que los militares se percatan de una persona que se mueve en la caja de una pick up y frente a él están cinco soldados apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritan: “¡está vivo!” y uno más da la orden de que lo mate. La grabación es de una cámara que porta un soldado en el casco y lo cual es parte del protocolo.

De acuerdo con la declaración que realizaron los soldados, ellos mencionaron que habían cinco cámaras, una por cada tirador y otra conectada a una de las unidades blindadas de Sandcat.

Asimismo, hicieron referencia que apagaron las cámaras antes de los hechos, que estaban desconectadas o que estaban lejos de la zona. Y ninguno reconoció la existencia de alguna grabación al respecto.

En el Ministerio Público le cuestionaron al jefe del vehículo blindado Sandcat si alguno de los soldados tenía cámaras de videograbación, y respondió: “El vehículo Sandcat traía una cámara vehicular, pero en ese momento no estaba conectada para poder grabar”.

Otro de los soldados indicó que no traía cámara en el casco y precisó que son los tiradores los que las portan. Otro militar comentó que apagó la cámara después de que los hechos sucedieran y que no estaba cerca del sitio de los hechos. “En ese momento había apagado la cámara de grabación que porto en mi casco”.

Otro más añadió que la persona que estaba en la ametralladora, era el que llevaba cámara, pero desconocía si había captado el momento.

De acuerdo con el informe policial homologado menciona que cuatro vehículos oficiales realizaban reconocimiento sobre la calle A. Valdez Reyna de la Colonia Nueva Era, al salir hacia la carretera Aeropuerto con rumbo al norte, fueron agredidos con armas de fuego por miembros de la delincuencia organizada.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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