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Solicitará Pérez Cuéllar a la ASE se investigue el derroche del gobernador en vuelos privados

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, presentará una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que inicie una investigación sobre los vuelos realizados por el gobernador del estado Javier Corral Jurado y en especial el efectuado en días pasados para asistir a una reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

Y frente a la actitud simplista mostrada por el mandatario ante la crítica, el senador morenista declaró: “el gobernador Javier Corral no sabe trabajar, ante cualquier crítica lo único que sabe es sacar el nombre de César Duarte, ya basta de la misma cantaleta, y que a mí no me relacione con nadie; los chihuahuenses estamos cansados por esta década perdida: los seis años del “vulgar ladrón” y otros cuatro del “vulgar huevón”, que saque cuentas.

Destacó que presentaron cinco solicitudes de información a las plataformas de transparencia, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que den a conocer los gastos del gobernador Javier Corral en viajes aéreos.

Detalló que las solicitudes de información van destinadas a la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda y la Secretaría Particular del Gobierno del Estado, en donde se está pidiendo la información de los costos del vuelo que realizó el gobernador a la reunión de gobernadores en Guanajuato.

En la solicitud se exige también la explicación de los motivos por los cuales el gobernador viajó en un avión privado y que se aclare si el costo del vuelo fue absorbido con recursos de los chihuahuenses o en su caso que se informe quién cubrió los gastos.

Además se presentó otra solicitud de información pero a nivel federal, específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil para solicitar la bitácora de donde salió este avión extranjero.

“Queremos tener toda la información de los vuelos privados, del helicóptero, porque no se vale estar atacando al Gobierno Federal, estar exigiendo dinero y, a la vez, estar derrochando en vuelos privados el dinero de los chihuahuenses”, manifestó el senador chihuahuense.

Detalló que se va a exigir a la Auditoría Superior del Estado y a su titular que haga su trabajo y que presente resultados sobre una verdadera investigación del derroche del gobierno del estado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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