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Solicitud de la renuncia de Ochoa Reza divide a diputados priistas

Al tiempo en que uno de los operadores del PRI en Durango anunciaba su adhesión a Morena, un grupo de diputados federales del PRI exigió la renuncia del líder nacional de su partido, Enrique Ochoa Reza, por “el desaseo” en la designación de candidatos a senadores.

Por la mañana, en un desayuno privado, legisladores priistas reclamaron a su coordinador, el diputado del Estado de México Carlos Iriarte Mercado, el actuar del líder nacional priista y le pidieron fuera el conducto para demandar la renuncia de Ochoa Reza.

En el desayuno, los diputados priistas manifestaron su molestia por la forma en la que se han designado a los candidatos a puestos de elección popular e incluso reclamaron que su dirigente nacional no se hubiera molestado siquiera en hablar con ellos como parte de la operación cicatriz.

De acuerdo con versiones de diputados federales, el reclamo al nuevo coordinador llegó al grado de pedir que hablara con el presidente Enrique Peña Nieto y le hiciera ver la molestia de la fracción priista.

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Ante las versiones que ya circulaban por la red, la fracción del PRI emitió un comunicado donde rechazaba “categóricamente haber debatido, discutido o decidido solicitar la renuncia de su dirigente nacional, Enrique Ochoa reza”.

El texto de tres párrafos agrega, “por ello, desmiente tajantemente las versiones periodísticas que han circulado la tarde de este martes en portales informativos”.

Y cierra, “Los más de 200 diputados federales del tricolor, encabezados por su coordinador, Carlos Iriarte Mercado, refrendan su respaldo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza”.

Por la mañana, Otniel García Navarro renunció a la bancada y en conferencia de prensa anunció que se sumaba a la fracción de Morena y dijo que trabajaría en Durango para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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