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México

Son informales 65% de los empleos creados en los últimos cinco años

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En México, entre el último trimestre de 2006 y el respectivo de 2011, el 65.8 por ciento de los nuevos empleos que se crearon fue en la economía informal. En tanto, el desempleo creció 33.3 por ciento en ese lapso, con una cifra que alcanzó los 2.7 millones de personas, que sumadas a las que estaban en esa condición, totalizó casi nueve millones de habitantes.

En el estudio Desempleo y empleo informal en México 2006-2011, elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, se establece también que la población empleada informalmente pasó de 23.1 millones, a 26.4 millones de personas, lo que representó el 14.2 por ciento, es decir, 3.2 millones más.

El análisis, elaborado conjuntamente por Luis Lozano Arredondo, Fructuoso Matías García, y Antonio Vázquez, entre otros, hace una distinción metodológica para medir tanto desempleo como informalidad, entre las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En las consideraciones del instituto hay omisiones que explican los diferenciales para la obtención de los números definitivos.

Así, la tasa de desocupación utilizada por el INEGI no es pertinente para abordar el desempleo en su conjunto. Durante años, se ha considerado en forma oficial aquel término para deslindarse de la responsabilidad de medir la variable en su totalidad, señaló el CAM.

De acuerdo a ese criterio del instituto, se considera la Población Económicamente Activa y la Población no Económicamente Activa para la medición del desempleo. No obstante, conforme a las resoluciones de la OIT, el segmento desempleado está compuesto por personas mayores de una edad específica, que no aportan su trabajo para producir bienes y servicios, pese a encontrarse disponibles.

Por ello, tendría que integrarse una nueva tasa que incluyera a la totalidad, y no sólo a los desocupados con interés en trabajar, establecieron los expertos.

Con respecto a la informalidad, este concepto suele asociarse al comercio informal. También es común considerar que el empleo informal es aquel que sólo ocurre en el subsector informal de los hogares, pero ese criterio no abarca la totalidad. Por ello, en necesario distinguir lo que la OIT llama “economía informal” y lo que el INEGI considera “sector informal”, añadieron.

Bajo el concepto de la Organización, tienen que incluirse integralmente los trabajadores y familiares auxiliares, sin contrato ni protección jurídica o social en empresas formales e informales; trabajadores con puestos informales en empresas formales e informales.

También, debe integrarse a aquellos independientes, y a empleadores que poseen sus propias empresas informales; a quienes laboran en compañías informales, aunque con puestos formales, y a miembros de cooperativas de productores informales.

Sin embargo, el INEGI reporta como subsector informal de los hogares sólo a los trabajadores domésticos que ahí trabajan, y a los productores de bienes para su propio uso final en sus hogares.

Según el balance del CAM, el subsector informal de los hogares pasó de 11.4 millones de personas del último cuatrimestre en el 2006, a 13.9 millones en el último periodo respectivo del 2011; es decir, un incremento del 22.5 por ciento.

Con relación a quienes laboran en negocios no constituidos en sociedad, la cifra fue de 11.7 millones, a 12.4; esto es, 6.1 por ciento más.

Respecto a la población desempleada, ésta paso de 6.5 millones a 8.7, lo que representó un incremento de 33.3 por ciento. En tanto, la población ocupada total, observó en el último cuatrimestre del 2006 un nivel de 42.8 millones de personas, y en el lapso respectivo del 2011, 47.8 millones; es decir, 11.6 por ciento más

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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