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“Son inútiles hay que matarlos”, dice el Presidente de Filipinas sobre obispos católicos

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha arremetido de nuevo contra los obispos católicos al afirmar que éstos “son inútiles” y animó a matarlos en un país donde el 85 por ciento de la población profesa el catolicismo.

“Vuestros obispos, matadlos. Esos bastardos no sirven para nada. Lo único que hacen es criticar”, aseveró anoche el mandatario en un discurso en Manila, cuya transcripción fue difundida hoy por la oficina presidencial.

En un acto posterior, el presidente señaló que la Iglesia católica es la institución “más hipócrita del mundo” y aseguró que el 90 por ciento de sus sacerdotes son gays.

La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha rehusado responder a los comentarios de Duterte: “No queremos añadir más leña al fuego. Cualquier comentario solo exageraría el asunto”, indicó hoy en un comunicado un portavoz de la conferencia episcopal, Jerome Seciliano.

El portavoz presidencial, Salvador Panelo, defendió hoy que las palabras de Duterte no hay que entenderlas como algo literal, sino que empleó la “hipérbole” para lograr un “efecto más dramático” en sus comentarios.

Hace sólo dos semanas, el Presidente insultó de nuevo a obispos y sacerdotes católicos, con los que mantiene una cruzada verbal desde hace más de un año, al declarar a los filipinos que no deberían ir a la iglesia para “pagar a idiotas“.

Días antes Duterte acusó al obispo de Caloocan, Pablo Virgilio David -uno de sus principales críticos- de robar para su uso particular las contribuciones que los fieles donaban al arzobispado, a lo que el prelado respondió que el mandatario no sabe lo que dice porque está “enfermo”.

El pasado junio Duterte enfadó a muchos fieles filipinos al llamar “estúpido” a Dios y mofarse de algunos dogmas del catolicismo como el pecado original.

Semanas después inició un diálogo con la jerarquía católica del país y acordaron una “moratoria” en el cruce de acusaciones, una tregua que el Presidente ha roto de nuevo.

El enfrentamiento de Duterte con la Iglesia católica se remonta a febrero de 2017, cuando la Conferencia de Obispos criticó la sangrienta guerra contra las drogas y la tildó de “reino del terror”, a lo que el presidente respondió llamando a los obispos “hijos de puta”.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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