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Son ya 880 casos confirmados de COVID-19 y 159 fallecimientos en el estado

Al cierre del informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte a las 19:00 horas del día 12, se tienen en Chihuahua 880 casos confirmados de COVID-19, son 62 los recuperados, han sido descartados mil 468, 508 sospechosos y suman 159 fallecimientos.

Dicho informe difundido en Reporte COVID-19 Conferencia Informativa #90, señala que subió en 21 los confirmados, en tres los recuperados, 39 salieron negativos, varía en 36 los sospechosos y se confirmaron cinco defunciones. Se tienen 432 casos activos de los últimos 14 días (30 abril al 12 mayo).

De los confirmados, 553 pertenecen a Ciudad Juárez, 255 a la ciudad de Chihuahua, 6 a Bachíniva, 9 a Cuauhtémoc, 1 a Ojinaga, 2 a Namiquipa, 3 a Meoqui, 1 a Julimes, 1 a Camargo, 1 a Saucillo, 4 a Ahumada, 2 a Guadalupe, 4 a Guachochi, 10 a Delicias, 1 a Ascensión, 1 a Guerrero, 1 a Bocoyna, 1 a Madera, 8 a Parral, 2 a Buenaventura, 1 a Temósachi, 1 a Galeana, 1 a Guadalupe y Calvo, 3 a Nuevo Casas Grandes, 2 a Rosales, 3 a Jiménez, 1 a Aldama, 1 a Santa Bárbara y 1 a Ignacio Zaragoza. El 57% son del sexo masculino y 43% del femenino.

El número de personas fallecidas, 128 corresponden a Ciudad Juárez, 24 a la ciudad de Chihuahua, 1 a Cuauhtémoc, 2 a Guadalupe, 1 a Ascensión, 1 a Camargo, 1 a Rosales y 1 a Bachíniva, de acuerdo al lugar de residencia del paciente.

De los pacientes fallecidos 33 estaban en el rango de edad de 25 a 44 años, 83 en el de 45 a 64 años, 13 en el de 65 a 69, 16 en el de 70 a 74, 7 en el de 75ª 79 años de edad, 5 en el de 80 a 84, 2 en el de mayores de 90 años. Se hicieron los siguientes ajustes: en -1 en el de 45 a 64 años y -1 en 75 a 79 y el caso de una persona recuperada que cambió de Juárez a Delicias.

Los porcentajes presentados de comorbilidad son: 27% diabetes, 31% hipertensión, 18% obesidad, 4% asma, 5% enfermedad cardiaca, 4% insuficiencia renal, 3% tabaquismo, 3% inmunosupresión, 0.3% VIH/SIDA, 1% EPOC y 4% Otra. La proporción por género en fallecidos es 34% mujeres y 66% hombres.

En cuanto a los pacientes, el 26.36% (232 casos) se encuentra hospitalizado; el 48.52% (427 casos) mantiene un tratamiento ambulatorio, mientras que el 7.05% (62 casos) registró alta sanitaria. 83 se encuentran estables, 139 en condición grave y 10 en condición grave intubado.

El informe indica que 159 de los hospitalizados están en Ciudad Juárez, 58 en Chihuahua, 1 en Bachíniva, 2 en Ahumada, 1 en Bocoyna, 2 en Buenaventura, 1 en Meoqui, 1 en Guadalupe y Calvo, 1 en Galeana, 1 en Rosales, 1 en Cuauhtémoc, 1 en Parral, 1 en Jiménez, 1 en Ignacio Zaragoza y 1 en Delicias.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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