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«Soy inocente», Karime Macías apelará aprobación de extradición a México

Karime Macías, exesposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que apelará la aprobación que dieron autoridades de Reino Unido sobre su extradición a México.

A través de una carta enviada a medios de comunicación y a la opinión pública, Macías aseguró que el motivo de la apelación será porque las pruebas que presentaron autoridades de la Fiscalía de Veracruz ante la Corte de Magistrados de Westminster fueron realizadas “a partir de declaraciones falsas”.

“Eso no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable. Ello ya que la decisión judicial de hoy aun cuando la respeto, no la comparto. De ahí que anuncio será apelada por ser mi derecho y por así considerarlo mis abogados en el Reino Unido”, escribió Macías.

Paul Goldspring, juez encargado de llevar el caso, aprobó la extradición de Macías a México luego de concluir que se encontraron pruebas suficientes para autorizar este traslado.

Las acusaciones en contra de Karime Macías son por unos presuntos fraudes cometidos contra el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Al respecto Macías aseguró: “Yo tuve un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera Gobernador y hoy es mi exmarido, un cargo igual al de otras señoras esposas de reconocidos empresarios locales que formamos parte de este organismo asistencial. Ni ellas ni yo manejamos fondos, tampoco decidimos cuestiones administrativas ni celebramos contrato alguno”, señaló.

De acuerdo con la exprimera dama local, las acusaciones en su contra proceden desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes, quien sucedió en la gubernatura de Veracruz a su exesposo, y cuyo equipo “se encargó de armar ilegal y maliciosamente esta absurda acusación de fraude”.

“Lo hicieron, abusando de sus cargos al grado de torturar testigos para declarar falsedades en mi contra, lo que ya está probado. Lo hicieron controlando jueces locales y dejando en claro que la Fiscalía estatal es solo un anexo de la oficina del Gobernador, sin la independencia que tan solo existe en el papel y no en la realidad”, señaló.

Por ello, aseguró que no va permitir que las acusaciones en su contra se queden impunes. “Ya en México se siguen procedimientos que revelarán la verdad. Además, estamos por demostrar en amparo que ya se extinguió la acción penal”, señaló.

Finalmente, luego de explicar que vive en Inglaterra con sus hijos menores “sin el más mínimo lujo como se quiso hacer creer” y que su situación económica “es crítica”, reiteró que no dejará de agotar todos los procesos legales para impedir su extradición tanto en Reino Unido como en México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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