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México

SSP Puebla toma el control de seguridad en Tehuacán porque elementos municipales no pasaron exámenes

El gobierno estatal asumió el control de la seguridad pública en este municipio, el segundo con más población del estado, donde fueron descubiertos 20 uniformados que no habían aprobado sus exámenes de control de confianza, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, acusados del delito de usurpación de funciones.

Para llevar a cabo esta medida, el gobernador José Antonio Gali Fayad publicó un decreto en el Periódico Oficial, el cual explica que el clima de inseguridad en esta demarcación “se ha suscitado, en gran medida, porque las instituciones municipales han sido incapaces de garantizar el goce de los derechos fundamentales de las personas (…) y no han podido hacer frente a las obligaciones que les corresponden en materia de seguridad conforme a las leyes locales y federales”.

Honran el Valle mexicano de Tehuacán-Cuicatlán

Inicialmente, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, consideró que era un atropello; incluso, dijo que analizaría la posibilidad de promover una controversia constitucional, al verse vulnerada la autonomía municipal.

Sin embargo, tras recibir la notificación, no pudo evitar que 205 de 368 policías registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fueran desarmados y trasladados en camiones y autobuses a la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza”, localizada en Amozoc, donde se descubrió que 20 no estaban acreditados en esta plataforma, por lo que fueron presentados ante la FGE, donde son acusados por el delito de usurpación de funciones.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, informó que entre los 163 policías municipales que no fueron encontrados este jueves, estaban todos los mandos policiacos.

Alrededor de las 14:00 horas, la mayor parte de los policías municipales regresó a Tehuacán; en tanto, en una radiodifusora local, Marco Antonio López Alfaro, director general de Seguridad Pública Municipal, concedió una entrevista y negó que haya estado escondido; aseguró que estaba en su oficina, dispuesto a enfrentar cualquier examen.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, dijo que el tema de los municipios, cuyo mando policiaco recae en la SSP será analizado en las mesas de transición, tanto la que hay con la gobernadora electa Martha Erika Alonso como con los presidentes municipales electos.

En entrevista, Gali Fayad informó que la decisión de asumir el mando policiaco en Tehuacán fue producto del reclamo ciudadano y de un consenso con la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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