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México

SSP toma control administrativo del ISSSTE

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomó el control administrativo de todos los contratos del ISSSTE con miras a terminar con los servicios subrogados y dejar la responsabilidad de la operación al personal del Instituto.

Sin embargo, el mismo personal del ISSSTE está acusado de provocar un grave problema de robo hormiga de medicinas y material de curación.

Por orden presidencial, personal de la SSPC inventarió condiciones de las instalaciones y del equipo médico, así como la existencia de medicamentos en las mil 127 unidades médicas del instituto en el País.

En el censo se identificó si el equipo y mobiliario pertenece al instituto o es parte de los servicios contratados a terceros durante los últimos años, confirmó personal administrativo del instituto.

Todos los contratos suscritos durante los últimos 10 años fueron revisados y la mayoría son para la prestación de análisis clínicos, banco de sangre, imagenología y radiología, que suman un gasto de alrededor de 9 mil 500 millones de pesos.

Ahora el personal de la SSPC se encargará de valorar los contratos actuales y tomar decisiones sobre los nuevos, se explicó.

En tanto, personal del Servicio de Protección Federal aplica un operativo intramuros para combatir el robo hormiga de medicinas y material de curación que, según se presumió en la revisión, podrían estar realizando trabajadores del instituto, quienes deberán asumir el control de la operación.

La intervención al ISSSTE fue anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de agosto y encomendó esa tarea a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC.

«De los sistemas de seguridad social es el que estaba más abandonado, más privatizado», dijo el Mandatario.

«Es como regresarlo a lo público, porque lo habían privatizado, nada más quedaba el nombre y el cascarón administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, los laboratorios, todos los servicios integrales de salud, subvencionados, subcontratados. Y mucha corrupción, estaba podrido todo», agregó entonces el Mandatario.

Las fuentes consultadas indicaron que las nuevas reuniones de seguimiento al trabajo de campo de la SSPC se realizan en Palacio Nacional, a donde acuden el director del instituto, Pedro Zenteno, y otros funcionarios del área médica y administrativa.

Ven necesaria la subrogación

Octavio Gómez-Dantés, experto en Salud Pública, indicó que el ISSSTE como todas las instituciones públicas, está subfinanciado y no ha podido invertir en todo lo que se requiere para atender la demanda de servicios, por lo que frecuentemente se ve obligado a subcontratar servicios del sector privado.

Para el experto, el que el ISSSTE contrate servicios del sector privado no tiene nada de malo en sí mismo, sobre todo cuando su capacidad de respuesta como institución pública está ya muy limitada porque no hubo planeación o no ha habido los recursos suficientes para invertir en la ampliación de los servicios.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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