El Tribunal Superior sudafricano ha extendido hasta mañana la prohibición de salir del país al presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado de genocidio y otros crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI).
El juez Hans Fabricius decretó hoy esta medida en respuesta a una petición urgente del Centro para la Litigación de África Meridional (SALC), que quiere forzar la detención en Sudáfrica del mandatario reclamado por el Tribunal de La Haya.
La disposición, que obliga al Gobierno sudafricano a impedir su salida, estará vigente hasta que el tribunal determine si Al Bashir debe ser detenido.
El presidente sudanés llegó ayer a Johannesburgo para participar en la cumbre de la Unión Africana (UA) desafiando la orden de detención emitida por la CPI, ya que Sudáfrica es un país firmante de su tratado.
La decisión de la Justicia, que debía ser tomada hoy por Fabricius, fue aplazada hasta mañana, tras pedir la representante del Gobierno más tiempo para defender su posición.
La abogada del Estado sostiene que la decisión sobre el arresto corresponde al Ejecutivo, mientras que el SALC recuerda que Sudáfrica está obligada a detenerlo como firmante del tratado constitutivo del CPI.
La vista se reanudará mañana a las 11.00 hora local (9.00 GMT) en Pretoria.
La oposición y grupos pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han exigido al Gobierno de Sudáfrica que cumpla con sus obligaciones internacionales y ponga a Al Bashir a disposición de La Haya.
El Ejecutivo ha mantenido silencio hasta ahora, pero el Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder en Sudáfrica, ha recordado que el Gobierno aprobó este mes un decreto que garantiza impunidad a todos los mandatarios de la UA que participen en la cumbre.
La cumbre de jefes de Estado de la UA, con quienes Al Bashir se fotografió públicamente, empezó hoy en Johannesburgo y finalizará mañana con la adopción de la declaración final.
La UA ha mostrado repetidamente su hostilidad hacia la CPI, a la que se acusa desde el organismo panafricano de perseguir injustamente a mandatarios del continente, y ha amenazado con una salida en masa de los países africanos que forman parte del tribunal.
El presidente sudanés se niega a reconocer al Tribunal de La Haya, al que considera una herramienta colonial dirigida contra su país y los africanos.
La CPI acusa a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos en las zonas sudanesas de Darfur, Kordofán y el Nilo Azul.
El organismo pidió a las autoridades sudafricanas que detengan al presidente sudanés buscado desde 2009 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y desde 2010 por genocidio.
Los dos pedidos de captura están vinculados al conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán donde se registran violencias desde 2003.
Más de 300 mil personas murieron en ese conflicto, según la ONU.
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