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Chihuahua

Sugiere Fiscal General aplicar en otros estados la cadena perpetua a secuestradores

A unos meses de que entre en operación la Reforma Penal en muchos estados del país, Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general de Chihuahua, recomendó a las entidades, incluida San Luis Potosí, dejar de temer a la implementación de penas más severas, como la cadena perpetua, para combatir delitos de alto impacto que agravian a la sociedad.

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A unos meses de que entre en operación la Reforma Penal en muchos estados del país, Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general de Chihuahua, recomendó a las entidades, incluida San Luis Potosí, dejar de temer a la implementación de penas más severas, como la cadena perpetua, para combatir delitos de alto impacto que agravian a la sociedad.

En entrevista para Exprés, el funcionario dijo que su estado ha logrado una disminución cercana al 90% en delitos como secuestro, extorsión y homicidios dolosos, sin embargo, señaló que las “penas severas” no funcionan, si antes no se da un “cambio importante” en la procuración de justicia. “Las penas no sirven, si no logramos tener al delincuente detenido”.

Muchos delitos se cometen con total impunidad, afirma, porque las entidades encargadas de procurar justica son “porosas” y se tarda más en entrar que en salir.

Sugirió a los estados del país hacer un análisis minucioso de los delitos que más agravian a la zona y a la gente, como el secuestro y la extorsión, y una vez elaborado ese estudio determinar las penas. “Por ejemplo, nosotros estamos endureciendo las penas por el robo de ganado, pero estoy seguro que en la Ciudad de México ese problema casi no existe”.

Lo que también pidió es no olvidar “las cifras negras” de muchos delitos. Personalmente dijo no confiar demasiado en las estadísticas sobre extorsión, porque un buen número de casos no se denuncian.

Según el secretario de Seguridad Pública estatal de San Luis, Joel Melgar Arredondo, el delito de secuestro es poco grave en la entidad, pero reconoció que la extorsión “si pega fuerte”, como en todo el país.

No obstante, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan otro escenario. En 2010 se denunciaron aquí 11 casos de secuestro, pero el año pasado la cifra aumentó a 19, un crecimiento de 72%.

¿QUÉ HACER?

Jorge González Nicolás desmenuzó la estrategia del gobierno de Chihuahua en los siguientes puntos, pero dijo que cada estado es distinto, por lo que debe decidir su “propio camino”.
>El gobierno de Chihuahua apostó, en primera instancia, por modificar su Código Penal en el año 2010. Se dotó de mayores atribuciones al Ministerio Público para que tuviera más fuerza y consistencia. Se estableció la pena vitalicia (cadena perpetua) para secuestradores, extorsionadores, multi homicidas y homicidas de policías y periodistas. Se modificaron 200 artículos.
A cuatro años de distancia, 121 reos tienen cadena perpetua y, en total, están detenidos 578 secuestradores y 611 extorsionadores. Según el Fiscal, la reclusión de los extorsionadores ha permitido que se deje de cobrar “derecho de piso” a 7 mil comerciantes. Los delincuentes recababan hasta un millón de pesos a la semana, “por estas cifras es que me parece importante endurecer las penas”.
>Se creó la Fiscalía General del Estado, una institución “sui generis”, que resulta de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. “En esta fiscalía se depositó el mando de la policía estatal, municipales, preventiva, los MP, el sistema penitenciario (incluyendo el municipal) y Protección Civil”.

Se le explica al Fiscal de Chihuahua que en San Luis existe una propuesta ciudadana de crear una Fiscalía General, a lo que responde señalando las bondades operativas que le ve a este modelo.

“En los estados se fracciona la fuerza policial y hay rivalidad y competencia entre policías. Entre el procurador y el secretario de seguridad también hay competencia. Cada uno quiere los recursos para su dependencia y se pelean por el dinero, se entiende, pero eso afecta”. En la Fiscalía General, en cambio, existe una sola autoridad que delega funciones en su Director General.

>Se capacitó a policías y Ministerios Públicos. “El sistema dejó de ser poroso. Los delincuentes se tardaban más en entrar que en salir. Ahora, en el 70% de los casos tenemos sentencias condenatorias”. También se depuraron las policías. El 28% de los elementos fueron despedidos. “Afortunadamente, cuando se hizo esto, no existían las comisiones de honor y justicia y todo eso que permite a los policías promover amparos contra la autoridad”.

>Se creó una unidad antisecuestro y otra antiextorsión, pero de élite, con personal capacitado por expertos colombianos y norteamericanos.

>Se sacó de las cárceles estatales a 1,500 reos “que nosotros sabíamos, operaban desde adentro”. A algunos se les envío a las Islas Marías.

El Fiscal General está convencido de que los buenos resultados se deben a la “estrategia integral”. Muchos le han preguntado qué ha influido más, pero él cree que todo aporta. En un área como la seguridad y la impartición de justicia, si algo no funciona, hay problemas en todo el sistema.

DELITOS A LA BAJA

La Fiscalía General de Chihuahua proporcionó datos de la baja criminal en Ciudad Juárez, la región donde más problemas tenían con la delincuencia:
> 180 secuestros se denunciaron en 2010.
> 30 secuestros se denunciaron en 2013.
> 3,200 homicidios dolosos se denunciaron en 2010.
> 460 se cometieron en 2013.
> 83 a 85% ha sido la disminución de delitos en 3 años.
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Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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