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México

Suman 12 sacerdotes asesinados en gobiernos de López Obrador y Sheinbaum

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Ciudad de México.– Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia hace un año, dos sacerdotes católicos han sido asesinados en México, según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 10 homicidios de clérigos, sumando 12 casos en total bajo administraciones de Morena.

El caso más reciente es el del padre Bertoldo Pantaleón, párroco de Mezcala, en Guerrero, localizado sin vida este lunes a un costado de la carretera federal México–Acapulco, en el municipio de Eduardo Neri. El sacerdote había sido reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

Antes de él, el primer asesinato de un religioso en el actual gobierno fue el del padre Marcelo Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando fue atacado a balazos al salir de celebrar misa.

El informe 2024 del Episcopado Mexicano advierte que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 se contabilizaron 10 sacerdotes asesinados, además de 900 amenazas y extorsiones, 26 templos atacados cada semana y dos sacerdotes desaparecidos desde hace más de una década.

En Guerrero, estado donde ocurrió el más reciente homicidio, operan múltiples grupos del crimen organizado —entre ellos el Cártel de Sinaloa, CJNG, La Familia Michoacana, Los Tlacos, Los Ardillos, CIDA y Los Rojos— que se disputan el control del narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso. En la región de la Montaña, estos grupos también compiten por el control de recursos municipales y dependencias de seguridad.

La CEM ha reiterado que el trabajo pastoral en zonas dominadas por el crimen representa un riesgo creciente, pues muchos sacerdotes intentan proteger a las comunidades frente a los abusos y la violencia de los grupos armados.

México

Gobierno federal cerrará en 2026 el programa de regularización de autos chocolate

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El Gobierno de México anunció que a partir de 2026 concluirá de manera definitiva el programa de regularización de vehículos conocidos como autos chocolate, con lo que se pondrá fin a una política que estuvo vigente desde 2022 y que permitió la incorporación legal de millones de unidades al padrón vehicular nacional.

La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el esquema, implementado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cumplió con su objetivo principal, por lo que mantenerlo en operación ya no resulta necesario. La decisión marca el cierre de un programa que tuvo un impacto significativo en diversas entidades del país.

El programa de regularización fue creado con la finalidad de otorgar certeza jurídica a personas que utilizaban vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, los cuales habían ingresado al país sin cumplir con los requisitos formales de importación. A través de este mecanismo, dichas unidades pudieron registrarse legalmente y circular conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 25 de noviembre de 2025 se habían regularizado 2 millones 987 mil 839 vehículos bajo este esquema. La medida se aplicó en 16 estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Con la cancelación del programa, la importación de vehículos usados quedará sujeta exclusivamente a las disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Dicho marco normativo fija requisitos específicos relacionados con la antigüedad de las unidades, sus condiciones mecánicas y el cumplimiento de obligaciones fiscales para autorizar su ingreso legal al país.

Los llamados autos chocolate son aquellos que ingresan al territorio nacional desde Estados Unidos o Canadá sin cubrir los trámites de importación correspondientes. Estos vehículos no cuentan con pedimento aduanal, no pagan impuestos y no están registrados ante las autoridades, aunque en muchos casos son utilizados de manera cotidiana.

Con el cierre del programa de regularización, el Gobierno federal dejará sin este mecanismo extraordinario a quienes posean vehículos en situación irregular, manteniendo únicamente las vías legales contempladas en la normatividad comercial y aduanera vigente.

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