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Suman 1,831 contagios confirmados de COVID-19 en 36 municipios del estado

La Secretaría de Salud dio a conocer que el reporte epidemiológico confirmó 74 nuevos contagios de COVID-19 para sumar 1,831, así como nueve defunciones más para un total de 314 en todo el estado.

También se descartaron 11 casos para llegar a 1,969 y el número de sospechosos subió en 121 para 1,412.

En el Reporte COVID-19 Conferencia Informativa #106 – Virtual #63, el director médico de la Zona Centro, Arturo Valenzuela Zorrilla, insistió en que la proyección de contagios puede rondar entre los 8 mil y los 9 mil casos en el estado, por lo que la situación es delicada.

Explicó también que de los 74 nuevos contagios confirmados, 35 corresponden a Ciudad Juárez (llega a 1,122) y 38 para la ciudad de Chihuahua, que llegó a 494. En la capital el promedio de casos era de 28 y en los últimos días está subiendo a lo más alto de la curva.

De acuerdo al último informe correspondiente a las 19:00 horas del 28 de mayo, suman 435 los recuperados y los casos activos confirmados de los últimos 14 días (del 15 al 28 de mayo) son 766.

Valenzuela Zorrilla destacó los casos recuperados: 247 en Ciudad Juárez, 143 en Chihuahua, 4 en Bachíniva, 2 en Namiquipa, 1 en Julimes, 1 en Ojinaga, 2 en Meoqui, 4 en Guachochi, 6 en Cuauhtémoc, 4 en Parral, 1 en Guerrero, 10 en Delicias, 1 en Temósachi, 2 en Ahumada, 2 en Jiménez, 1 en Saucillo, 1 en Aldama, 2 en Nuevo Casas Grandes y 1 en Madera.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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