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Suprema Corte atrae amparo del caso ‘Duda Razonable’ después de 7 años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción de un amparo directo relacionado con el documental Duda razonable, historia de dos secuestros, informó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Durante la sesión pública que realizó este martes, la cual duró apenas 10 minutos, el ministro Zaldívar informó que la atracción de dicho caso se decidió durante sesión privada realizada este mismo día.

No dio mayor detalle sobre la votación de la solicitud de atracción 9/2022, planteada por él mismo, simplemente aseguró que será el pleno del Tribunal Constitucional quien analizará y resolverá el caso.

Más tarde, la Corte emitió un comunicado en el aseguró que se trata del amparo directo 100/2020 proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco.

Dijo que dicho amparo fue promovido por tres personas sentenciadas por secuestro, “el cual ha generado gran interés nacional e internacional a raíz de la publicación del documental Duda Razonable”.

El comunicado agrega que dicho caso también ha generado “seria preocupación social” sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Señaló que el pleno de la SCJN advirtió que el caso podría involucrar irregularidades y violaciones a derechos humanos, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas cometidos por autoridades locales.

Refirió que, a partir de un análisis preliminar, la Suprema Corte estimó que la resolución del amparo podría servir para sentar criterios de interés y trascendencia.

En especial sobre aspectos poco explorados en su jurisprudencia sobre el debido proceso y el sistema penal acusatorio, así como para profundizar y robustecer la doctrina jurisprudencial existente.

El 10 de febrero pasado el ministro Zaldívar hizo la petición formal al pleno del tribunal constitucional para la atracción del caso Duda Razonable: historia de dos secuestros, que retrata la historia de personas presas en Tabasco por secuestro.

Roberto Hernández, director de la producción, agradeció aquel día a quienes propiciaron la documentación de este caso, incluido el abogado Iker Ibarreche quien promovió la solicitud de atracción ante la Suprema Corte.

Hernández compartió una captura de pantalla del escrito por el cual el ministro Zaldívar propuso que la SCJN resuelva el caso que versa sobre el caso de los tres hombres que permanecen encarcelados en el municipio de Macuspana, por el delito de secuestro agravado.

“(…) deducido de la causa penal 112/2017 del índice del Tribunal de Juicio Oral de la Región Uno, con sede en Macuspana, Tabasco, seguida por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa… El suscrito Ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hizo suya la petición de atracción referida”, se lee en el escrito del ministro.

En el 2015 fue cuando cuatro hombres fueron detenidos en Tabasco acusados de secuestro, mientras uno de ellos logró salir en libertad los otros tres se quedaron en la cárcel donde fueron sentenciados a 50 años de prisión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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