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México

Suprema Corte de Justicia avala evaluación a maestros

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y declaró constitucional la evaluación magisterial, regulada a partir de la Reforma Educativa, tras revisar el primer amparo promovido por maestros sindicalizados que alegaban les eran vulnerados sus derechos humanos.

Los 11 ministros que integran el tribunal constitucional aprobaron, con diversas consideraciones y argumentos, el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas que declaraba apegado a la Constitución el sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros al servicio del Estado mexicano.

Al resolver el Amparo en Revisión 295/2014 se concluyó que la Ley General del Servicio Profesional Docente no atenta contra la estabilidad laboral, pues se trata sólo de un requisito previsto en la Carta Magna, para este fin.

“En general y por unanimidad los 11 ministros consideramos que la disposición sí es constitucional, que no tiene el vicio de inconstitucionalidad desde cualquiera de los puntos de vista que se han analizado”, expresó el ministro presidente Luis María Aguilar.

En sus argumentos, los integrantes de la Corte coincidieron en que no asistía razón a los maestros inconformes con la evaluación pues, la Reforma Educativa sí respeta los derechos humanos y permite controlar la calidad del Servicio Profesional Docente.

“Los procesos de evaluación persiguen una finalidad constitucionalmente válida, sintéticamente, que es el mejoramiento de la calidad educativa. La medida es idónea porque la implementación de procesos de evaluación permite controlar la calidad del servicio docente en cuanto sirve para valorar los conocimientos precisamente del personal docente, de conformidad con los estándares de fuente nacional e internacional”, argumentó el ministro Juan Silva Meza.

Durante el debate, los ministros se trabaron en el punto relacionado a si los derechos laborales de los maestros, se encuentran por encima o al mismo nivel que el de los niños a recibir una educación de calidad por parte del Estado.

“Hay que priorizar las determinaciones en función de la calidad de la educación y del beneficio del interés de los menores, en particular de los niños, que son los sujetos fundamentales que como objetivo tiene esta reforma para darles una educación de mayor calidad”, reiteró el ministro ponente, Fernando Franco.

Se concluyó que la Constitución privilegia el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad, lo anterior, por encima de la estabilidad laboral de los maestros.

“En el artículo que constitucionalmente está regulando precisamente este derecho de todos los mexicanos a la educación y ese derecho de todos los mexicanos a la educación, de excelencia… que se lleve a cabo con personas que tengan la capacidad para impartirla”, indicó la ministra Margarita Luna Ramos

El ministro José Ramón Cossío consideró que será la ley reglamentaria la que fijará criterios, términos y condiciones para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.

Imparable

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dejó en claro que continuarán garantizando el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia del servicio profesional, en básica y media superior para el ciclo escolar 2015 y 2016.

Sobre el anuncio del 29 de mayo de la SEP que anunció la suspensión indefinida de las fechas publicadas para la realización de la evaluación y que quedó sin efecto el 8 de junio a través del comunicado 137, aseguró que no representó en ningún momento acto de molestia entre los participantes.

Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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