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Suprema Corte frenó al INE: ordena seguir adelante con la Revocación de Mandato

La noche de este miércoles 22 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó frenar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se suspendía el desarrollo de la consulta de Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

Durante la sesión de este día, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, aceptaron la controversia constitucional que interpuso el legislador Sergio Gutiérrez Luna, en representación de la Cámara de de Diputados, misma que buscaba impugnar la decisión del órgano colegiado.

“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”

Con esta determinación, se le ordenó al INE continuar con la “organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades” del proceso hasta la conclusión del mismo.

En el comunicado que emitió el máximo tribunal en México, se indicó que el órgano electoral tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta ciudadana, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Asimismo, las magistradas señalaron que dicha partida económica tiene un indicador de viabilidad financiera.

Agregaron que se aprobó la suspensión de la medida del INE, debido a que no hacerlo significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

En tanto, la Comisión de Receso advirtió que lo determinado por el Consejo General del INE derivó de la controversia constitucional que presentó el instituto, en la cual la SCJN explicó que resultaba improcedente concederle la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, de tal suerte que sería un contrasentido que “lo que no obtuvo el INE en dicha controversia, este organismo lo decrete por su cuenta”.

Finalmente, la resolución también explicó que será hasta el mes de enero cuando la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea turnada a alguno de los 11 ministros de la SCJN.

En esa misma sesión, se determinará si se le otorgará el carácter de prioritaria o se seguirá con el normal desarrollo de las solicitudes, debido a que fue una de las solicitudes que emitió el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Respecto a la solicitud que formula el presidente de la Mesa Directiva en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de que este asunto se tramite y resuelva de manera prioritaria. Infórmese al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el expediente en que se actúa está en etapa de instrucción”

Conviene recordar que la mañana del pasado 21 de diciembre, el Gutiérrez Luna presentó una controversia constitucional por posponer de manera temporal la consulta de Revocación de Mandato.

A través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez Luna anunció que, con las facultades que le confiere la ley como presidente de la Cámara, presentó ante la Corte la controversia que busca frenar la decisión del órgano electoral.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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