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Suspende Hacienda contrataciones en dependencias

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) suspender la contratación de personal y fijar criterios aplicables al ejercicio del gasto público en el pago de indemnizaciones laborales de los servidores que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones.

En un oficio dirigido a los titulares de las dependencias y entidades de la APF, fechado el 7 de diciembre, Hacienda indicó que la suspensión de contrataciones será una medida de carácter obligatorio, que tiene el objetivo de impulsar una política de austeridad “republicana” que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población menos beneficiada.

“Las dependencias y entidades, a partir de la entrada en vigor del presente oficio, no podrán realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado”, ordena el oficio firmado por el titular de la SHCP, Carlos Urzúa.

A partir de este 10 de diciembre
Las medidas deberán ser aplicadas desde este lunes 10 de diciembre por las Unidades de Administración y Finanzas (UAF), que sustituyen a las oficialías mayores de cada dependencia. En ese sentido, será la SHCP, a través de su Oficialía Mayor, la que propondrá los perfiles y candidatos a ocupar los puestos adscritos en dichas unidades.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que el oficio corresponde a la instrumentación de las reformas a la Ley Orgánica de la APF y demás disposiciones de la Ley Hacendaria, el cual es una mezcla de concentración de facultades y congelamiento de plazas, aunque en este último punto consideró que no hay algo distinto a lo anunciado por Hacienda hace unos meses.

“Creo que será un procedimiento complejo para los funcionarios de Hacienda, pero acorde a la decisión de gobierno tomada. El tema importante será el de cómo impactará la concentración de facultades y atribuciones en Hacienda las decisiones que tomaban los Oficiales Mayores. La concentración de tareas puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se implemente”, expuso Bohórquez.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, consideró que el oficio de Hacienda también implica que ya hubo un proceso de despidos e indemnización de servidores públicos de todos los niveles, así como cancelación de personal por honorarios, y que la estructura actual es con la que trabajarán durante 2019.

“Debemos otorgar el beneficio de la duda en cuanto a ver cómo será la calidad del servicio público, si era buena o mala, estos cambios nos darán información para evaluarla. Hacienda también deja abierta la posibilidad de contratar personal pero estará sujeta a una justificación de no descuidar el servicio a la ciudadanía”, apuntó.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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