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Suspenden estadio Corregidora tras violencia; equipos buscarán romper con barras

La Liga BBVA Mx anunció que se determinó la suspensión del estadio Corregidora, donde juega el club Gallos Blancos del Querétaro, tras los hechos de violencia ocurridos la tarde del sábado, que dejaron al menos 26 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

En conferencia de prensa, Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA, informó que además, el próximo martes se convocó a una asamblea extraordinaria de los dueños de los clubes, “donde abordaremos qué va a pasar con los grupos de animación y cómo podemos cerrar con acciones contundentes esos espacios de colaboración”.

Independientemente de lo que resulte de la reunión, Arriola afirmó que, después de los enfrentamientos entre aficionados ocurridos durante el partido Atlas-Gallos Blancos, “las barras visitantes ya no van a poder ir a los estadios”.

Acerca del estatus del estadio, indicó que el tiempo de la suspensión será determinado por la comisión disciplinaria, pero esta dio inicio a partir de este domingo.

En lo que respecta a las sanciones a la empresa de seguridad que se encontraba resguardando el sitio, Gabriel Solares, presidente del club Gallos Blancos, dijo que se encuentran evaluando el accionar de la empresa “que tiene muchos años de trabajar en el estadio y en muchos eventos en Querétaro”.

De acuerdo con Solares, en el momento en el que ocurrieron los hechos, el estadio Corregidora se encontraba bajo resguardo de 358 elementos de seguridad privada, 100 policías estatales y 150 municipales.

Según las autoridades, los enfrentamientos entre aficionados dejaron un saldo de 26 personas heridas, de las cuales tres ya fueron dados de alta y dos son reportados en estado grave.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por esos hechos, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que investiga la responsabilidad de las autoridades en lo ocurrido, pues estas tienen la obligación de garantizar la seguridad de personas dentro y fuera de sitios en los que se realicen eventos, incluso si estos sin privados.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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