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México

Suspenden velorios y necropsias de fallecidos por Covid-19 en CDMX

El Gobierno de la Ciudad México recomendó que debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, se suspendan los velorios de las personas que hayan muerto a consecuencia de este virus y en dado caso, sólo podrán realizarse ceremonias con un máximo de 20 personas.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez también informó que no se realizarán necropsias a las víctimas, ni tampoco se harán traslados de cadáveres contagiados fuera de la Ciudad de México, ni al extranjero.

Nos enfrentamos a un virus que permanece en el cuerpo aún después de la muerte, por tanto, en los casos de personas fallecidas por Covid-19 no se realzarán necropsias, ni traslados fuera de la zona conurbada Del Valle de México, ni al extranjero y se recomienda que no haya velorios y en caso de que los familiares decidan realizar una ceremonia de despedida a sus difuntos, estas reuniones no deberán exceder de 20 personas”, abundó en conferencia la secretaria de Gobierno.

También fue presentado el protocolo de Actuación Interinstitucional para el caso de personas fallecidas por sospecha o confirmación por Covid-19 en la CDMX, el cual contempla tres escenarios: muerte en domicilio, hospital y vía pública.

Domicilio: Cualquier persona deberá notificar a la policía, Locatel o 911, para que un Centro de Mando reporte el fallecimiento a la Secretaria de Salud, acuda al domicilio y emita un certificado de defunción, para que la Agencia de Protección Sanitaria establezca un proceso de sanitización y se hará un cerco y seguimiento epidemiológico para evitar que se propagué el virus.

Deceso en Hospital Publicó o Privado: en el caso de hospital público, será la Secretaria de Salud la responsable de emitir un certificado de defunción, se establecerá si la muerte fue por sospecha o confirmación de COVID-19, sería el mismo procedimiento en un hospital privado, donde el responsable médico sería el indicado para emitir un certificado de defunción.
Los hospitales serán responsables de la sanitización de los espacios

Muerte en vía pública: Atenderá el suceso la SSC a través del C-5 y se informa al Ministerio Público, para que de intervención a servicios periciales y la Secretaria de Salud expedirá el certificado médico o el médico legista en su caso, de confirmarse que fue por COVID o por sospecha, el lugar será sanitizado por las alcaldías y la Secretaria de Salud establecerá un cerco y seguimiento epidemiológico en el lugar.

Si hay familiar responsable: tomará la decisión para los servicios funerarios y si no tiene los recursos para pagar el funeral, el gobierno capitalino apoyará de manera gratuita. Los servicios funerarios serán los que se encargarán de la inhumación o cremación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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