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Tácito rechazo de Osorio a que expertos se reúnan con militares

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Ante la petición del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa de entrevistar a los militares de la región de Iguala, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, prácticamente rechazó la solicitud.

–¿Cuándo les dará la entrevista con los militares? –se le preguntó.

–Ha sido muy clara la posición. Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes, y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, dijo que están obligados a respetar el marco legal que rige el proceso. ‘‘No encontramos, ni en el marco legal ni en la jurisprudencia, sustento para estas diligencias’’, comentó a La Jornada.

Los expertos de la CIDH, agregó, están conscientes de ello y no pretenden que el asunto sea una diligencia judicial. ‘‘Nos comprometimos a analizar si ello puede o no poner en riesgo la investigación y tendremos una respuesta en los próximos días’’.

El factor de la actuación de los soldados del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, vuelve a ser punto de discusión; en meses pasados, los familiares exigieron ingresar a las instalaciones castrenses y ahora los enviados de la CIDH buscan ahondar en esa posibilidad.

El comité de expertos concluirá su trabajo el último día de agosto próximo; evaluarán la calidad de la investigación, la procuración de justicia y la atención a víctimas.

Osorio dijo que se aceptó la colaboración del organismo internacional para dar ‘‘tranquilidad’’ a los padres de los jóvenes, en el sentido de que ‘‘el procedimiento hecho por la PGR (Procuraduría General de la República) fue correcto, transparente y se ha venido informando de manera oportuna a todos los medios de comunicación mexicanos’’, dijo.

El funcionario refrendó su apoyo al trabajo y resultados de la indagatoria de la procuraduría, la cual determinó que los normalistas fueron asesinados, calcinados y la mayoría de los restos esparcidos en un río.

En tanto, se busca reactivar el diálogo entre el gobierno federal y los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, confirmó el subsecretario Campa. Funcionarios federales se han entrevistado ‘‘prácticamente a diario’’ con los enviados de la CIDH, señaló.

‘‘Es una relación permanente, fluida, cordial, respetuosa. Uno de los aspectos (a analizar) tiene que ver con la revisión de la investigación. (Los enviados de la comisión) han venido también trabajando de manera muy importante con las víctimas y para acercar las posiciones (de los padres de los 43 desaparecidos) con la autoridad’’, agregó.

Precisó que se han hecho gestiones con el comisionado de la Policía Federal (Enrique Francisco Galindo Ceballos) ‘‘para hacer los mayores esfuerzos de búsqueda, a partir del compromiso de la SG para atender a los familiares’’, y “evitar que sean blanco de una doble victimización, porque se les han acercado personas quienes, sin fundamento, les dan falsas pistas acerca del destino de los muchachos’’.

El grupo de la CIDH sugirió desde marzo pasado que el Estado continúe con la búsqueda de los estudiantes, tome la perspectiva de la desaparición forzada –no sólo secuestro, homicidio y delincuencia organizada–, atienda a las víctimas y resguarde adecuadamente la información del caso.

La entrevista, ‘‘clave’’

Los expertos dijeron el lunes pasado que la diligencia con los soldados es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ el 26 de septiembre.

Osorio fue entrevistado antes de reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para evaluar la implementación del sistema penal acusatorio. En otro tema, dijo que no hay elementos que permitan asegurar si existe alguna presencia delcártel Jalisco Nueva generación en el Distrito Federal o de algún otro.

Fuente: La Jornada

México

Ganaderos alertan que controles por plaga del gusano barrenador encarecerán la carne

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Ciudad de México.- Productores de ganado advirtieron que las medidas implementadas por el Gobierno tras la declaratoria de emergencia nacional por la presencia del gusano barrenador han derivado en una sobrerregulación que está afectando de manera directa el suministro de carne en el país. De acuerdo con el sector, estas disposiciones ya generan incrementos en costos de operación, complicaciones logísticas y presiones en los precios finales al consumidor.

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino informó en un comunicado que reconoce la gravedad de la plaga y mantiene su compromiso con la sanidad animal. Sin embargo, señaló que la multiplicación de retenes federales y estatales, así como los nuevos requisitos derivados de la emergencia, han creado un escenario de sobrecontrol que está frenando el movimiento regular de reses en territorio nacional.

La organización explicó que el ganado movilizado desde entidades del sur hacia los centros de engorda ubicados en el norte enfrenta aumentos significativos en los tiempos de traslado. Detalló que el recorrido, que antes se realizaba en alrededor de 20 horas, ahora puede extenderse hasta 32 horas, además de esperas superiores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

A esto se suman retenes estatales adicionales que duplican las inspecciones federales. La asociación advirtió que los retrasos, la repetición de procedimientos y las múltiples maniobras de carga y descarga impactan el bienestar animal y elevan el riesgo de heridas que podrían convertirse en focos de infestación.

El sector ganadero insistió en que la actual dinámica regulatoria está generando efectos inmediatos en la cadena de suministro y reiteró la necesidad de ajustes que permitan mantener el control sanitario sin afectar la operación productiva.

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