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Tácito rechazo de Osorio a que expertos se reúnan con militares

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Ante la petición del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa de entrevistar a los militares de la región de Iguala, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, prácticamente rechazó la solicitud.

–¿Cuándo les dará la entrevista con los militares? –se le preguntó.

–Ha sido muy clara la posición. Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes, y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, dijo que están obligados a respetar el marco legal que rige el proceso. ‘‘No encontramos, ni en el marco legal ni en la jurisprudencia, sustento para estas diligencias’’, comentó a La Jornada.

Los expertos de la CIDH, agregó, están conscientes de ello y no pretenden que el asunto sea una diligencia judicial. ‘‘Nos comprometimos a analizar si ello puede o no poner en riesgo la investigación y tendremos una respuesta en los próximos días’’.

El factor de la actuación de los soldados del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, vuelve a ser punto de discusión; en meses pasados, los familiares exigieron ingresar a las instalaciones castrenses y ahora los enviados de la CIDH buscan ahondar en esa posibilidad.

El comité de expertos concluirá su trabajo el último día de agosto próximo; evaluarán la calidad de la investigación, la procuración de justicia y la atención a víctimas.

Osorio dijo que se aceptó la colaboración del organismo internacional para dar ‘‘tranquilidad’’ a los padres de los jóvenes, en el sentido de que ‘‘el procedimiento hecho por la PGR (Procuraduría General de la República) fue correcto, transparente y se ha venido informando de manera oportuna a todos los medios de comunicación mexicanos’’, dijo.

El funcionario refrendó su apoyo al trabajo y resultados de la indagatoria de la procuraduría, la cual determinó que los normalistas fueron asesinados, calcinados y la mayoría de los restos esparcidos en un río.

En tanto, se busca reactivar el diálogo entre el gobierno federal y los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, confirmó el subsecretario Campa. Funcionarios federales se han entrevistado ‘‘prácticamente a diario’’ con los enviados de la CIDH, señaló.

‘‘Es una relación permanente, fluida, cordial, respetuosa. Uno de los aspectos (a analizar) tiene que ver con la revisión de la investigación. (Los enviados de la comisión) han venido también trabajando de manera muy importante con las víctimas y para acercar las posiciones (de los padres de los 43 desaparecidos) con la autoridad’’, agregó.

Precisó que se han hecho gestiones con el comisionado de la Policía Federal (Enrique Francisco Galindo Ceballos) ‘‘para hacer los mayores esfuerzos de búsqueda, a partir del compromiso de la SG para atender a los familiares’’, y “evitar que sean blanco de una doble victimización, porque se les han acercado personas quienes, sin fundamento, les dan falsas pistas acerca del destino de los muchachos’’.

El grupo de la CIDH sugirió desde marzo pasado que el Estado continúe con la búsqueda de los estudiantes, tome la perspectiva de la desaparición forzada –no sólo secuestro, homicidio y delincuencia organizada–, atienda a las víctimas y resguarde adecuadamente la información del caso.

La entrevista, ‘‘clave’’

Los expertos dijeron el lunes pasado que la diligencia con los soldados es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ el 26 de septiembre.

Osorio fue entrevistado antes de reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para evaluar la implementación del sistema penal acusatorio. En otro tema, dijo que no hay elementos que permitan asegurar si existe alguna presencia delcártel Jalisco Nueva generación en el Distrito Federal o de algún otro.

Fuente: La Jornada

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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