México
Taladra Chapo San Diego con 56 túneles
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Los Ángeles, California
El 29 de noviembre de 2011, Lauren Mack, portavoz de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Diego, hacía un anuncio que pronto correría por todos los diarios y canales de televisión: el Grupo de Tarea de Investigación de Túneles de esa región había arrestado a seis personas y decomisado 32 toneladas de mariguana, en el descubrimiento y aseguramiento de un túnel para el tráfico de drogas en la frontera de México con Estados Unidos. “Es el más sofisticado que hayamos encontrado jamás”, aseguró Mack.
Las fotografías distribuidas por la agencia horas más tarde mostraban el interior del túnel: 560 metros equipados con carros de transportación sobre rieles eléctricos, iluminación, pisos de madera, un sistema de elevación hidráulica, una puerta de acero controlada también con un mecanismo hidráulico y una bodega. Mack explicó que el subterráneo vinculaba dos bodegas, una en la ciudad de San Diego, del lado estadounidense, y otra en Tijuana, en México.
La noticia logró alcance internacional por las características de la construcción y la magnitud del decomiso. Dos semanas antes, el 15 de noviembre, se había detectado en la misma zona otro túnel en cuyo interior había 14 toneladas de mariguana. La suma de ambos aseguramientos de hierba, con un valor de 65 millones de dólares, fue uno de los montos más elevados en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, la investigación y el hallazgo de túneles no era práctica nueva para las autoridades en esa zona de la frontera. El de finales de noviembre de 2011 era el séptimo en gran escala en el área de San Diego desde 2006.
En la última década se han descubierto 181 subterráneos construidos por cárteles para el tráfico de drogas en los más de 3 mil kilómetros de frontera entre México y EU. De éstos, más de 150 se localizan en los límites entre California y Baja California, y 56 de ellos en los apenas 119 kilómetros de frontera entre el condado de San Diego y la franja ubicada entre las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California, área controlada por el Cártel de Sinaloa.
“De 2006 a la fecha la mayoría de los decomisos en túneles fueron realizados en nuestra área”, comenta Lauren Mack recordando los aseguramientos de 2011. Han pasado tres semanas desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, quien escapó del penal de más alta seguridad en México justamente a través de un túnel.
En este contexto, Mack preparó un reporte con los antecedentes de construcciones similares en la frontera, que comparte en exclusiva con EL UNIVERSAL. La agente de inmigración es contundente: “En esta zona, durante los últimos 10 años la mayoría de los túneles están vinculados con el Cártel del Sinaloa porque es el grupo que está en el poder en el área del lado mexicano”. Precisamente ayer, elementos del Ejército mexicano encontraron lo que se presume es otro narcotúnel en Tijuana, ciudad que colinda con San Diego. La entrada estaría en una bodega de la empresa Importadora y Exportadora Hega, en la colonia Garita de Otay de Tijuana, a 400 metros de la frontera con EU.
El boom de las construcciones
El 3 de octubre de 2012 se dio a conocer que se presentaron 13 cargos federales contra José Sánchez Villalobos, aliasQuirino, de 49 años, identificado como “operario de alto nivel del Cártel de Sinaloa en México”, detenido el febrero previo. Fue acusado de ser el autor intelectual a cargo de la construcción, financiamiento y operación de los dos túneles hallados en noviembre de 2011. Otra de las imputaciones en su contra fue conspiración para distribuir e importar mariguana. De los 13 cargos, 12 alcanzaban la pena máxima de prisión de por vida. EU solicitó a México su extradición.
Al descubrirse los túneles en 2011, Derek Brenner, agente especial del Área de Investigación del Departamento de Seguridad Interior (HSI) en San Diego, aseguró que “considerando el nivel de sofisticación involucrado, la organización criminal responsable de la construcción de este túnel tenía planes ambiciosos”. Once meses más tarde, el propio Brenner anunciaba que tal organización era el Cártel de Sinaloa, y adjudicaba el éxito en el decomiso y la captura del responsable al trabajo conjunto del Grupo de Tarea de Investigación de Túneles.
Existe al interior de ICE una clasificación para los subterráneos más sofisticados, aquellos que han utilizado una tecnología avanzada en su construcción o en las instalaciones para su operación; la agencia los llamasupertúneles. En los últimos 10 años se han encontrado 22 en San Diego, nueve de ellos funcionales al momento de ser descubiertos. Mack asegura que éstos son construidos específicamente para el tráfico de droga, en su mayoría mariguana, aunque se han encontrado rastros de cocaína.
Fue el aumento en la construcción de estas obras, a partir de 2006, lo que provocó la creación del grupo especializado en la investigación de túneles, con representantes de ICE, HSI, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Lucha Contra las Drogas (DEA) y la Oficina de Lucha contra Narcóticos de California. La agrupación utiliza técnicas que les permiten detectar subterráneos fronterizos, desde tecnología de vigilancia avanzada, hasta prácticas clásicas de trabajo de detectives. Esto último incluye la investigación de pistas proporcionadas por ciudadanos.
En el caso de los túneles detectados en 2011, los investigadores del grupo de tarea informaron que el hallazgo fue resultado de un trabajo de seis meses. El detalle que detonó los arrestos y el decomiso fue un tráiler que salió de una bodega del lado estadounidense, en el área de Otay Mesa —garita fronteriza por donde ingresan camiones de carga de la región—, se detuvo por la noche, y fue recogido horas más tarde por un hombre que lo llevaba hacia Los Ángeles. En un punto de revisión, a 100 millas de la frontera, agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron que el tráiler llevaba drogas. Horas después se descubrió el sitio al que era llevado el cargamento y se detuvo a seis hombres, todos latinos.
Además del evidente control del Cártel de Sinaloa, hay otras razones por las que San Diego es la zona más popular para la construcción de túneles. Por una parte, el subsuelo de California, de consistencia similar a la del barro, resulta fácil para la excavación con pala y otros instrumentos que no son considerados maquinaria pesada.
El área de San Diego, en particular, presenta un atractivo más: la gran cantidad de bodegas en ambos lados de la frontera. Siendo ese punto fronterizo el más transitado del mundo, las probabilidades de que un cargamento llame la atención disminuyen.
Esta característica, la capacidad de pasar inadvertido, se presenta también en territorio mexicano. El 29 de noviembre de 2011, tras el aseguramiento del supertúnel, el Ejército mexicano desplegó soldados para que vigilaran la bodega de dos pisos ubicada cerca del aeropuerto de Tijuana, donde se encontraba la entrada de ese lado de la frontera. En la misma cuadra que la bodega había una empresa distribuidora de tortillas y una oficina de la Policía Federal.
Tarea dispareja
Al ser cuestionada sobre la cifra total de detenciones de responsables durante la última década, Mack asegura que si bien hay un número de personas presas en EU por la construcción de túneles —el caso más publicitado es el de Felipe de Jesús Corona Verbera, El Arquitecto, quien trabajaba para El Chapo y que paga una condena de 18 años en una prisión de Arizona—, la mayoría de las detenciones tendrían que hacerse en México, ya que desde allá se coordinan los proyectos. Quienes son detenidos en Estados Unidos suelen ser meros operadores a sueldo.
“El mayor número de responsables está en México”, señala Mack. “Para saber el número total de arrestos habría que preguntar a las autoridades mexicanas cuántos y quiénes han sido arrestados por su trabajo en la planeación de estas construcciones y su operación”.
Pero las cifras indican que del lado mexicano algo no está funcionando. De 2006 a 2012 fueron detenidas en la zona de San Diego a 18 personas involucradas en el desarrollo u operación de túneles; la mayoría eran trabajadores contratados temporalmente. Sin embargo, del lado mexicano, hasta enero de 2013 no existía un registro de detenciones. Hasta ese mismo año, mientras que ICE reportaba la existencia de 155 túneles en la frontera, la Procuraduría General de la República (PGR) en México tenía registrados sólo 16, hallados en ese periodo.
Tras el sonado caso de los túneles de 2011, y a pesar del cambio de gobierno en México, los decomisos no han cesado. Otro supertúnel de 500 metros de longitud, 10 de profundidad, 1.20 de altura y las mismas instalaciones de alto nivel para su operación, fue detectado en la misma zona en 2013, nuevamente en el corredor Otay Mesa. El decomiso esta vez fue de ocho toneladas de mariguana y 125 kilogramos de cocaína, con valor superior a 11 millones de dólares. Tres hombres de origen mexicano, vinculados con elCártel de Sinaloa, fueron detenidos.
Hace unos meses, el 8 de abril de 2015, se descubrieron otros tres túneles, uno en Mexicali y dos en Tijuana. Una de las obras se ubicaba a 200 metros de la bodega donde fue descubierto el supertúnel de 2011, cerca de la comandancia de la Policía Federal y de una base militar.
En el sitio fueron detenidos nueve hombres. El 11 de abril —tres meses antes de la fuga de El Chapo— la prensa publicaba que dos de ellos, adolescentes, fueron remitidos con el Juez Especializado para Menores, y los otros siete fueron consignados por cometer delitos contra la salud. Todos los detenidos eran albañiles.
Fuente: El Universal.
México
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
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Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.