Ocho burros pasaron varios días privados de libertad tras comerse las flores del complejo residencial en que viven los empleados de la cárcel de Orai, pero fueron liberados después de que un político local intercediera.
La pasada semana fueron detenidos varios burros tras armar una fiesta en los setos de la zona residencial donde está la cárcel, en el estado de Uttar Pradesh, conocido por ser el más poblado de la India, con más de 200 millones de habitantes.
Según informa hoy el Hindustan Times, los animales estuvieron comiendo a sus anchas y destrozaron los jardines varias semanas.
«No ha pasado nada», dijo el superintendente de la cárcel de Ori, Sitaram Sharma.
El responsable carcelario explicó que los asnos entraron a la zona residencial y destruyeron las plantas que habían colocado, por lo que decidieron encerrarlos dentro de un viejo edificio del recinto penitenciario hasta que encontraran a los propietarios.
«Así que llamamos a los dueños y se los entregamos con la advertencia de que tenían que tener cuidado y no permitir que esto vuelva a suceder», dijo.
Sharma explicó que «la mayoría» de los burros fueron entregados a los dueños la misma tarde del domingo, y que el resto obtuvo la libertad el lunes.
Aunque algunos medios especularon con ello, el responsable carcelario negó rotundamente que ninguno haya pagado fianza alguna.
De acuerdo con el relato de los dueños de los asnos, ellos no llegaron a enterarse de que los animales estaban en manos de las autoridades penitenciarias hasta el domingo.
Sin embargo, no fue hasta el lunes cuando lograron, cuando una autoridad local del gobernante BJP intercedió, la liberación de los animales.
Himmat Singh, uno de los propietarios, narró al diario indio su angustia al no encontrar a los animales y su alegría amarga al saber que los burros estaban en la cárcel local.
«Me dijeron que el superintendente no estaba y que tenía que volver al día siguiente», dijo al recordar su impotencia cuando el domingo corrió a rescatar a su asno.
Kamlesh dijo que sólo pudo recuperar al suyo el lunes tras acudir con un político del BJP que no ha sido identificado.
Eso sí, solo le dieron el burro después de que prometiera que no iba a volver a suceder. «Me preguntaron si tenía culpa, y yo admití que sí», dijo Kamlesh.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.
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