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México

Tapatíos desconfían de sus agentes viales

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Según el INEGI, el 81 por ciento de las personas cree que son corruptos y es la dependencia con menos confiabilidad en la entidad

Pese a las campañas para frenar los actos de corrupción entre agentes viales, estos aún no dan los resultados deseados. Incluso, durante el último año, aumento la percepción ciudadana de desconfianza hacia este grupo de uniformados.

A decir de un estudio efectuado por la Secretaría de Vialidad y Transporte en el 2011, cuatro de cada 10 personas afirmaron que el agente de vialidad les solicitó una dádiva a cambio de no emitir una multa.

Sin embargo, la estadística sobre casos de corrupción podría ser mayor, ya que aún falta considerar a muchas personas quienes, aunque lo hicieron, no reconocen haber cedido a las dádivas. Es decir, para que exista un corrupto, debe haber alguien que corrompa.

Especialistas y observadores ciudadanos destacan que con la aplicación de usuarios simulados para detectar agentes corruptos, se han logrado avances para frenar el cohecho; sin embargo, muchos uniformados han optado por cambiar de estrategia para obtener la dádiva.

Reportes de personas que sobornaron, señalan que el agente ahora amedrenta al automovilista con el despojo de la unidad o una sanción estratosférica, para que el propio automovilista sea quien proponga el arreglo.

El agente vial no cede de inmediato, primero se cerciora que el promotor del acuerdo no sea otro funcionario público o alguien que pueda delatar la ilícita transacción. Incluso, directivos en la SVyT reconocen la existencia del problema y no descartan que supervisores y comandantes estarían coludidos con la actuación anómala de muchos elementos.

Por ello se ha buscado intensificar campañas para evitar actos de corrupción, ahora se concentran con los propios automovilistas. Por ejemplo, muchas personas aceptan dar sobornos para no perder tiempo al liquidar las multas, por eso se optó por ampliar la red de pago de infracciones y ahora puede hacerse en bancos y tiendas de autoservicio.

Del mismo modo, se sugiere que para evitar ser amedrentado por los propios oficiales, se deben conocer los reglamentos y leyes para saber los derechos y obligaciones de los automovilistas y de este modo evitar ser sorprendido.

11 quejas y dos denuncias ha recibido la Contraloría del Estado en 2012, por anomalías de funcionarios de la?SVyT

La opinión

De 4.2 millones de personas encuestadas por INEGI en 2011 en Jalisco:

81.4% piensa que agentes viales son corruptos
14.8% piensa que son honestos
3.8% no los califican

Diferencias

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad 2011 de INEGI no le va nada bien a los agentes viales de Jalisco, pero en los datos propios de la SVyT les fue mejor:

A la pregunta: ¿cómo considera a los agentes viales de Jalisco?, éstas fueron las respuestas:

2010:
Corruptos: 87%
Honestos: 8.4%
No sabe: 4.6%

2011:
Corruptos: 62%
Honestos: 28%
No sabe: 10%

30% afirmó que el agente vial no fue amable al aplicar la infracción
21% afirma que el oficial no fue justo en su actuar 71% afirman que el oficial les explicó la falta que cometió

MORDIDA

Según datos de la SVyT, la cifra de personas a quienes les solicitaron sobornos para no multarlos, se incrementó entre 2010 y 2011:

¿En la ocasión en que lo infraccionaron, el policía vial le solicitó alguna dádiva o dinero para no multarlo?

2010
SI 27.5%
NO 71%
NO SE 1.5%

2011
SI 34%
NO 59%
NO SE 7%

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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