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México

Tasa de esclarecimiento de delitos en México es de 1.14%: Ranking de procuradurías

En conferencia de prensa, Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría, expuso que el año pasado este indicador se ubicó en 0.9%, lo que representa una mejoría aunque queda mucho trabajo por hacer.

Detalló que Guanajuato es el estado del país con mayor probabilidad para esclarecer un ilícito con una tasa superior al 4%, seguido de Nuevo León con 2.46%, mientras que las entidades que tienen la menor tasa de investigación son Jalisco, Tamaulipas y Guerrero con un promedio de 0.24%.

“Si tomamos la tasa de denuncia, que la tasa de denuncia en el país y de investigaciones es del 6.8%, es decir, en México solo se reporta el 6.8% y del 6.8% que se reporta, solo el 18% se esclarece, entonces la probabilidad de que un delito se reporte, investigue y esclarezca es de 1.14%”, explicó.

El investigador Zepeda Lecuona agregó que la efectividad global en el sistema de procuración de justicia de las entidades federativas fue de 18%, es decir, que solo uno de cada 5 asuntos denunciados en México se resuelven de forma efectiva.

Asimismo señaló que en Oaxaca solo se resuelve uno de cada 23 homicidios, por lo que ocupa el primer lugar en impunidad de este tipo ilícito con una tasa del 97%, seguido de Guerrero con 96.7%, Morelos 94.8%. Esto, dijo, refleja el clima de violencia de esas entidades en un espiral de impunidad y vacío institucional.

En contraste, indicó que Yucatán presentó la menor tasa de impunidad con el 26%, donde se resuelven tres de cada 4 homicidios. También destacó que aunque Chihuahua tuvo en otros tiempos una tasa de impunidad del 95%, este año descendió a 85%.

“En promedio en el país tenemos un 83.4% de promedio de impunidad, en México se resuelve apenas uno de cada 5 homicidios o poco menos y si comparamos a nivel internacional, estamos al niveles como los de Sudáfrica, apenas abajo de Honduras o Guatemala que son los niveles de impunidad más altos en homicidio”, puntualizó.

De acuerdo con el “Ranking de procuradurías y fiscalías estatales 2018”, Chihuahua es la entidad mejor evaluada en procuración de justicia con 74.3 puntos de 100 disponibles, Puebla la peor en la materia con 29.84%.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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