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México

Taxistas analizan ampararse por regulación de Uber

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Taxistas Organizados de la Ciudad de México analizan ampararse en contra del acuerdo del Gobierno del Distrito Federal que permite la regulación de los servicios como los prestados por Uber y Cabify.

En conferencia de prensa, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que reactive la averiguación previa contra Rufino H León Tovar, ex secretario de Movilidad, por el probable delito de uso ilegal de sus atribuciones.

Señalaron que la publicación del acuerdo fue un intento del funcionario de mantenerse en el puesto.
«León Tovar tomó una medida arbitraria el último día como secretario de Movilidad, con el fin de mantener el cargo que le había designado Miguel Ángel Mancera, desestimando las propuestas que los trabajadores del taxi habíamos puesto en la mesa», señalaron.

Dijeron que la regulación del servicio de traslado de personas, solicitado y administrado mediante aplicaciones (apps), es un «traje a la medida», pues no evita la competencia desleal.

Entre los puntos que consideraron necesarios para generar un piso parejo y que no se incluyeron, mencionaron la operación de una unidad de servicio privado por cada 50 taxis regulares, que las unidades de Uber tuvieran un valor mínimo de 350 mil pesos y que la tarifa mínima fuera de 27.30 pesos.

Aseguraron que el diálogo está abierto con el Gobierno del Distrito Federal y pidieron a Héctor Serrano, nuevo secretario de Movilidad, realizar acciones contra los taxis piratas.

Y no descartaron realizar movilizaciones en las próximas semanas, si no obtienen respuesta positiva.
«Esta lucha no está perdida, no tomaremos una decisión apresurada. Haremos el análisis jurídico del documento publicado y acudiremos a los órganos jurisdiccionales competentes», destacaron.

Milenio

México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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