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México

Taxistas analizan ampararse por regulación de Uber

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Taxistas Organizados de la Ciudad de México analizan ampararse en contra del acuerdo del Gobierno del Distrito Federal que permite la regulación de los servicios como los prestados por Uber y Cabify.

En conferencia de prensa, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que reactive la averiguación previa contra Rufino H León Tovar, ex secretario de Movilidad, por el probable delito de uso ilegal de sus atribuciones.

Señalaron que la publicación del acuerdo fue un intento del funcionario de mantenerse en el puesto.
«León Tovar tomó una medida arbitraria el último día como secretario de Movilidad, con el fin de mantener el cargo que le había designado Miguel Ángel Mancera, desestimando las propuestas que los trabajadores del taxi habíamos puesto en la mesa», señalaron.

Dijeron que la regulación del servicio de traslado de personas, solicitado y administrado mediante aplicaciones (apps), es un «traje a la medida», pues no evita la competencia desleal.

Entre los puntos que consideraron necesarios para generar un piso parejo y que no se incluyeron, mencionaron la operación de una unidad de servicio privado por cada 50 taxis regulares, que las unidades de Uber tuvieran un valor mínimo de 350 mil pesos y que la tarifa mínima fuera de 27.30 pesos.

Aseguraron que el diálogo está abierto con el Gobierno del Distrito Federal y pidieron a Héctor Serrano, nuevo secretario de Movilidad, realizar acciones contra los taxis piratas.

Y no descartaron realizar movilizaciones en las próximas semanas, si no obtienen respuesta positiva.
«Esta lucha no está perdida, no tomaremos una decisión apresurada. Haremos el análisis jurídico del documento publicado y acudiremos a los órganos jurisdiccionales competentes», destacaron.

Milenio

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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