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Taxistas chihuahuenses se amparan ante convocatoria de licitaciones

Las concesiones deben de dejar de entregarse a los líderes sindicales y deben de entregarse a los trabajadores, expresó en rueda de prensa Eduardo González Soto, Secretario General del Sindicato Independiente de Autos de Alquiler Similares y Conexos añadido al Frente Auténtico del Trabajo.

En rueda de prensa a cargo de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), González Soto, expresó que se ampararon ante la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado para la licitación de taxis, misma que salió el 4 de agosto de 2016 y se cerró el 10 de septiembre del año en curso.

Juan Manuel Luévano González, Secretario General del sindicato independiente Villa Bonita, expresó que la convocatoria es anticonstitucional porque viola el artículo primero de la constitución el treinta de la ley de transportes.

Viola los artículos anteriores porque exige automóviles nuevos por lo que es “discriminatoria” ya que no todos pueden participar, esto está hecho para los líderes sindicales, que después se encargar de rentar las placas a sus “sindicalizados”.

Juan Manuel Lueváno expresó que a través de los institutos correspondientes está realizando una revisión de todas las concesiones que se entregan y destapar la “cloaca” que hay en el transporte público. “Hay concesiones de transporte turístico, escolar, de personal y de estas no hay una convocatoria, pero estamos acudiendo a los institutos correspondientes para revisar a quienes se le otorgan”, expresó durante la rueda de prensa en la sede estatal del partido.

El amparo se interpuso el 18 de agosto a las 16:00 horas en el juzgado del décimo distrito lo promovío el licenciado Oscar Casttrejón Rivas, unos días después piden recurso de revisión, el cual se presenta el 24 de agosto a las 14:02 y el secretario general de gobierno no lo ha contestado hasta el momento

La convocatoria daña los intereses de todos los trabajadores.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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