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Tensas negociaciones salariales en el Cobach

Ante el llamado del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres (STAACOBACH) para suspender labores los días jueves 16 y viernes 17 de marzo, aduciendo que el Estado se niega a otorgar un incremento salarial, la dirección general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (COBACH) informó que en reuniones sostenidas con el pleno del sindicato se habló de que habrá incremento salarial, pero que las negociaciones se deben realizar en un plazo razonable y en el momento adecuado.
En dichas reuniones se mostró al pleno del sindicato la difícil situación financiera que enfrenta en estos momentos la institución, además de que se está en espera de que la SEP publique el Anexo de Ejecución correspondiente a Incrementos Salariales, anuncio que se estima para el segundo semestre del año, para conocer los montos que se autoricen a nivel federal “por lo que exhortamos nuevamente a las autoridades sindicales a privilegiar el bien de la institución y de los alumnos, y quedamos abiertos a mantener las vías del diálogo y a continuar con las gestiones necesarias para mantener los compromisos laborales”.
Lo anterior expresó la directora general del COBACH, Teresa Ortuño Gurza, quien resaltó que de llevarse a cabo una suspensión de labores como la que se pretende “el sindicato afectará el derecho a la educación de 44 mil alumnos, por lo cual se pide privilegiar el diálogo en beneficio de los más de 2 mil 700 trabajadores de esta institución y los intereses de la sociedad”.
Agregó que en reiteradas y permanentes reuniones con el Sindicato, se ha explicado la complicada situación financiera por las que atraviesan las finanzas públicas estatales, por los excesos de la administración anterior, y que tiene como consecuencia la apretada situación económica del Colegio de Bachilleres, situación pese a la cual se ha buscado afectar lo menos posible las fuentes de empleo y mantener e incrementar la calidad del servicio educativo.
Sin embargo, la actuación del Sindicato pone en peligro la fuente de trabajo al exigir de forma inmediata un incremento salarial, sabiendo de antemano que es imposible determinarlo en la actualidad, dado que no se ha recibido por parte de la Secretaría de Educación Pública el porcentaje de incremento otorgado, comentó la directora general del COBACH.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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