La persecución judicial contra los mandos de la Secretaría de Marina (Semar) implicados en el caso de huachicol fiscal ha generado tensiones entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial. La FGR acusa a altos funcionarios de la Semar de liderar una red de contrabando de hidrocarburos, una de las más grandes en la historia reciente del país.
Entre los señalados se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. La FGR sostiene que estos mandos utilizaron aduanas bajo control de la Semar para facilitar el tráfico ilícito de combustible.
Sin embargo, varios jueces federales han otorgado suspensiones provisionales a los acusados, frenando así su detención y vinculación a proceso. Por ejemplo, el 24 de septiembre, la jueza Emma Cristina Carlos concedió una suspensión provisional a Fernando Farías, aunque posteriormente le negó la suspensión definitiva. Por su parte, Manuel Roberto Farías promovió un amparo contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada, que fue admitido el 30 de septiembre por la jueza Raquel Duarte Cedillo, quien programó una audiencia para el 15 de octubre.
Estas decisiones han generado críticas desde el Ejecutivo federal, que acusa al Poder Judicial de obstaculizar la impartición de justicia en casos de corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la corrupción como una forma de «deslealtad» y advirtió que debe ser sancionada con firmeza. Además, destacó la importancia de enaltecer la honestidad como principio de vida.
El caso del huachicol fiscal no solo ha puesto en evidencia presuntos actos de corrupción dentro de la Semar, sino que también ha revelado las tensiones existentes entre los diferentes poderes del Estado mexicano. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de las instituciones para garantizar la justicia y la rendición de cuentas, sin interferencias políticas.
La FGR continúa con las investigaciones y espera que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.