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México

Teotihuacán, la zona arqueológica que peligra por unas obras ilegales

En el amplio territorio de la zona arqueológica que alberga las famosas pirámides de Teotihuacán, en México, desde hace meses se están llevando a cabo unas obras ilegales, que podrían poner en peligro tanto restos arqueológicos de gran valor como la propia consideración de Patrimonio Mundial de estos monumentos centenarios.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México ha condenado «enérgicamente» estas obras no autorizadas y lleva meses denunciándolas. El pasado 5 de marzo ordenó la suspensión de las labores y precintó el lugar, sin embargo, los trabajos prosiguieron. El 30 de marzo llevó a cabo una segunda diligencia de suspensión y advirtió de que iniciaría los procedimientos penales correspondientes.

Nada de lo anterior dio resultado, por lo que el 20 de abril se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal por el delito de daño al patrimonio arqueológico. A pesar de estas acciones emprendidas por el INAH, las obras continúan.

Por su parte, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la ONU de México (ICOMOS) ha manifestado «su enorme preocupación» y alienta a que se detenga la «destrucción» y a que se persiga a sus responsables. En su comunicado también alerta que los trabajos de excavación amenazan «restos arqueológicos, habitacionales y monumentales que también están siendo saqueados».

¿Arrasando la arqueología para construir un parque recreativo?

El presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) firmó un decreto el 30 de noviembre de 1988 declarando la Zona de Monumentos Arqueológicos en el área conocida como Teotihuacán. Mediante esta acción, se ordenó la protección y el cuidado de 3.381 hectáreas, 71 áreas y ocho centiáreas del Estado de México para preservar «el legado arqueológico que contiene esta zona».

En el decreto presidencial se advertía que «el proceso de urbanización al que está sujeta la zona de Teotihuacan» podría producir «un deterioro irreversible que significaría la pérdida de una parte importante de nuestro patrimonio cultural».

Las polémicas obras actuales se encuentran en las parcelas 23 y 19, del Ejido Purificación, en el municipio Oztoyahualco, dentro del área protegida de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), donde se cree que los primeros pobladores llegaron alrededor de 400 años antes de Cristo. Cientos de años después, en el siglo III d.C., llegaría el apogeo de las Pirámides del Sol y de la Luna, principales reclamos del lugar.

Los investigadores sostienen que en esta zona todavía quedan muchos tesoros arqueológicos por desenterrar y se advierte de que al menos uno de esos montículos preñado de riquezas antiguas ya habría sido destruido por las obras. Una petición en la plataforma change.org ya ha conseguido casi 8.000 firmas a favor de detener la construcción.

Tras un enorme cercado, también construido sin ningún permiso, hay excavadoras y maquinaria pesada que, al parecer, ha podido acceder hasta el predio debido a la falta de vigilancia que se originó por la pandemia. Las obras de excavación amenazan con afectar hasta siete hectáreas de la zona protegida, que albergan al menos 25 estructuras arqueológicas y grutas con vestigios prehispánicos.

Varios medios locales atribuyen la propiedad de estos terrenos a René Monterrubio, un político local que fue presidente municipal del cercano pueblo de San Juan Teotihuacán. En su día prometió construir una gran noria en la zona, aunque le fue denegado el permiso. Ahora se especula con que el objetivo de las obras sea la construcción de un parque recreativo, considerando la llegada masiva de turistas a la zona.

Patrimonio de la Humanidad

El conjunto monumental de Teotihuacán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y constituye la zona arqueológica más visitada de México, recibiendo millones de turistas durante el año previo a la explosión de la pandemia de coronavirus.

Se encuentra a tan solo 50 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México y es el sitio arqueológico de su tipo más grande de todo el continente americano. En su época de esplendor llegó a alcanzar los 20 kilómetros de extensión y los 100.000 habitantes.

El área de Oztuyahualco, conocida como la ciudad vieja de Teotihuacán, ya había sufrido saqueos con anterioridad debido, principalmente, a su lejanía de los monumentos principales del complejo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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