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México

TEPJF multó a Morena por irregularidades en la vacunación contra COVID-19

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a Morena, tras confirmar que hizo uso indebido de programas sociales, luego de que brigadas de sus militantes solicitaron credenciales de elector y crearon padrones de beneficiarios de la vacuna contra el COVID-19.

Es por eso que, por unanimidad, la Sala Regional Especializada del Tribunal aprobó interponer al partido una multa equivalente a dos mil UMA.

“Personas vinculadas al partido actuaron como intermediarias con la finalidad de informar, ofrecer o registrar a la ciudadanía para que éstas tengan acceso o se beneficien de programas sociales o gubernamentales en la Ciudad de México, Veracruz y Estado de México”, señaló la Sala Regional en su resolución SRE-PSC-67/2021 Vacunación COVID-19.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a Morena por las brigadas que desplegaron en Ciudad de México, el Estado de México, Sonora y Veracruz, al documentar que lucraban con programas sociales, principalmente con el programa de vacunación contra el COVID-19.

(Foto: especial)(Foto: especial)

El proyecto indicó que, luego del análisis de varios videos difundidos en redes sociales, “se observa la presencia de cuadrillas de personas que portan ropa con el color y emblema de MORENA, que actuaron como intermediarias con la finalidad de ofrecer o registrar a la ciudadanía interesada y que ésta tenga acceso o se beneficie de los apoyos emanados del gobierno federal, lo cual está prohibido por la normativa electoral, al mismo tiempo que genera confusión entre la ciudadanía y un impacto negativo en la formación de una opinión consciente e informada respecto a la titularidad, administración y otorgamiento de los programas sociales. Por dicha conducta se sancionó a MORENA con una multa.”.

El magistrado presidente, Rubén de Jesús Lara Patrón, señaló que existen provisiones que se refieren a la prohibición de utilizar programas sociales con fines electorales, por lo que, en un primer momento, esta limitación está dirigida a personas del servicio público, en el entendido de que a ellos corresponde, de manera inmediata, la aplicación de este tipo de programas.

“No obstante, para mí resulta claro que esta precisión alcanza a MORENA y a cualquier instituto político en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Partidos, en relación con el artículo 41 de la Constitución, en el que están referidos, desde luego, a cuestiones eminentemente electorales”, expresó.

También consideraron que Morena incurrió en un posible desacato a las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se le advirtiera que suspendiera la intervención de sus militantes en el programa de vacunación y dejara de realizar padrones de beneficiarios.

Los magistrados de la Sala Regional avalaron dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para que determine si en su caso, es necesario iniciar un procedimiento en contra del partido en este sentido.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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