La impunidad del crimen organizado sigue en Sinaloa, al noroeste de México, y nadie ha sido capaz de detenerla. Se nota principalmente en la ciudad de Culiacán, cuna del narcotráfico en México, donde los habitantes son testigos de la realidad que asfixia al país.
Hombres armados fueron captados levantando a una persona a plena luz del día y en un centro comercial de la ciudad de Culiacán (Foto: Captura de pantalla)
Todo paso a ojos de algunos comensales que se encontraban en el fraccionamiento residencial Alameda. Cerca de las 13:00 horas de este jueves, un hombre fue levantado cuando se encontraba abordo de su automóvil. Los raptores vestían equipo táctico y portaban armas largas. En menos de un minuto, la víctima fue subida a una camioneta negra y al mero estilo del Cártel de Sinaloa —a tablazos y con violencia extrema— se lo llevaron.
El vehículo del sujeto retenido fue llevado a un corralón; sin embargo, de la víctima no se sabe nada.
Hace dos semanas, vecinos de esta misma ciudad fueron sorprendidos por la inseguridad al vivir el secuestro de uno de sus agentes de la policía, a quien horas más tarde lo entraron sin vida.
En las redes sociales circuló la fotografía de un cuerpo masculino flotando sobre un canal de riego, vestido únicamente con su ropa interior, con visibles huellas de tortura e incluso el tiro de gracia en la cabeza.
De acuerdo con el portal Ríodoce, se trataba de un policía municipal identificado como Pablo Antonio. El medio informó que el agente de aproximadamente 30 años estaba suscrito al Escuadrón Motociclista de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
El hombre habría sido privado de su libertad mientras circulaba en un automóvil de la marca Chevrolet, mismo que fue incendiado minutos más tarde, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.
Las autoridades llegaron a la zona de los hechos alertados por supuestos disparos, pero en realidad eran los cartuchos útiles que guardaba el policía dentro del automóvil.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del INEGI, en 2019 apenas el 7.7 por ciento de los delitos fue denunciado ante las autoridades y de esos, solo en el 5.5 por ciento se inició investigación. Es decir, el 94.5 por ciento de los delitos cometidos en 2019 quedará en la impunidad.
Los delitos más frecuentes fueron la extorsión, el fraude, el robo en calle o en transporte público, robo de vehículo y robo a casa.
En el 80 por ciento las víctimas manifestó algún tipo de daño principalmente económico seguido de emocional y laboral. La medición muestra, además, que los espacios donde los sinaloenses se sienten más inseguros son los cajeros automáticos en la vía pública, la calle, el transporte público y el banco.
Según el estudio del INEGI, la entidad es una de las regiones donde se presentan más delitos con portación de armas, incluyendo armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes como palos, varillas, tubos, etc. Durante 2019, un 39.5% de los delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.