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Texas dará actas de nacimiento a hijos de indocumentados mexicanos

El estado de Texas se comprometió a aceptar la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como documento secundario de identificación para la obtención de actas de nacimiento para menores nacidos de padres indocumentados.

Dicho acuerdo extrajudicial alcanzado en el litigio iniciado en contra de la Unidad de Estadísticas Vitales del estado de Texas, fue resultado de la mediación ordenada por el Juez Federal Robert Pitman, en ese estado, y celebrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) .

En un comunicado, la dependencia precisó que la identificación deberá presentarse junto con dos documentos suplementarios de una lista que se incrementó de 18 a 28 documentos como resultado de la mediación, entre los cuales están registros religiosos, títulos de vehículos, contratos de renta, recibos de servicios como luz o teléfono, entre otros.

El gobierno de México, a través de su consulado en Austin, insistirá ante las autoridades estatales sobre la necesidad de reconocer y aceptar la matrícula consular mexicana y el pasaporte mexicano sin visa, como documentos válidos, únicos y suficientes de identificación.

Texas es el único estado en la Unión Americana que no acepta el pasaporte sin visa, ni la matrícula consular como documentos válidos de identificación para obtener actas de nacimiento de menores nacidos en Estados Unidos, refirió la dependencia en un comunicado.

Ello, dijo, implica que ante la imposibilidad de los padres de acceder a otro tipo de identificación oficial, muchos hijos de padres indocumentados no cuenten con un acta de nacimiento estadounidense. Lo anterior a pesar de haber nacido en ese país y de tener derecho a la ciudadanía estadounidense de conformidad con la constitución de Estados Unidos.

En agosto del año pasado, destacó, el gobierno mexicano presentó un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), en apoyo a la demanda presentada por el Texas Civil Rights Project y el Texas Río Grande Legal Aid. Lo anterior, por considerar que dicha política estatal atenta contra el derecho fundamental a la identidad de los connacionales y mina la capacidad de sus padres para demostrar el vínculo legal con sus hijos. Igualmente, México señaló su rechazo a que un gobierno sub-nacional interfiriera con el principio de reconocimiento recíproco de documentos de identidad expedidos a nacionales extranjeros por su propio gobierno.

 

 

Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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