Opinión

Tiempos positivos. Por Itali Heide

Itali Heide

Parece que todo el mundo conoce a alguien (o a muchos alguiens) que ha dado positivo en las pruebas de COVID desde el inicio del año. No es terriblemente sorprendente, teniendo en cuenta que los días festivos estuvieron llenos de familias y amigos pasando tiempo juntos, lo que es todo menos una queja.

Mientras muchos a nuestro alrededor parecen dar positivo a la variante que se cierna sobre nosotros, yo fui una de los desafortunados. Es cierto que pasé tiempo con gente querida durante las fiestas, así que no me sorprendió mucho, pero en cuanto el dolor de cabeza se hizo presente supe que en algo la había regado y que estaría encerrada por un tiempo.

Empezó con un picor de garganta que no me dejaba dormir. Hice varios viajes madrugaderos a la cocina a por té y una medicina para la tos, pensando que era sólo un síntoma de mi insomnio. Después de dar vueltas incómodas en la cama toda la noche, me desperté en la mañana con un dolor de cabeza cegador y dolores corporales que me hicieron darme cuenta inmediatamente de lo que probablemente estaba pasando. Pasé el día con un cansancio inamovible, apenas encontrando fuerzas para arrastrarme hasta el botiquín en busca de algún alivio.

El día se pasó en una niebla cerebral, escuchando el tic toc del reloj y esperando alguna forma de alivio, echando siestas improvisadas y forzándome a comer algo de sopa incluso a pesar de las náuseas. Podía sentir el ataque de la fiebre, convirtiendo mi cuerpo en un campo de batalla para un virus que se apoderaba de cada momento de tranquilidad.

Aunque pasé unos días de profundo malestar, otra parte de mí se sentía agradecida. Agradecida de estar en casa, en mi cómoda cama, con un té caliente en la mano y viendo series todo el día. Agradecida por haberme vacunado, lo que sin duda ha hecho que el virus sea menos peligroso y definitivamente está evitando que los hospitales estén totalmente inundados, a pesar del pico de casos. Agradecida de poder hacerme la prueba y asegurarme de que era COVID para que la gente de mi entorno lo supiera y tomara precauciones.

También traté de mantenerme positiva, a pesar de dar positivo. Aunque la idea de estar encerrada durante dos semanas es, como mínimo, una mega, súper, rete lata, me siento afortunada. Qué suerte tengo de tener un hogar cómodo en el que estar, suerte de poder mantener a mis abuelos y otros abuelos a salvo, suerte de tener unos días libres en el trabajo, suerte de tener gente alrededor que se preocupa por cómo estoy, suerte de que me dejen comida y bocadillos en la puerta, suerte de ser joven y estar sana, limitando los riesgos que supone el virus.

Más que nada, en estos días me he quedado una lección muy importante: no bajar la guardia. Aunque es cierto que no podemos mantenernos encerrados en todo momento, quizás nos hemos permitido olvidar en ocasiones que seguimos viviendo una peligrosa pandemia mundial, que ha cobrado la vida de más de cinco millones de personas en todo el mundo y ha dejado a otras con problemas de salud de por vida.

No se puede esperar que no vivamos la vida, pero debemos estar dolorosamente conscientes de que podemos ayudar al mundo a superar esto tomando todas las precauciones posibles, o empeorarlo pretendiendo que el COVID es cosa del pasado. Debemos vivir, pero también debemos vivir con precaución.

No le deseo el virus a nadie, pero a estas alturas, es inevitable para muchas personas, algo que queda demostrado por el sorprendente aumento de casos que debería preocupar a cualquiera. Sin embargo, deseo que quienes lo contraigan hagan lo correcto: hacerse la prueba, informar a las personas de su entorno de que tiene COVID, cuidarse y monitorearse, aislarse durante el tiempo necesario y volver a aparecer en la sociedad con un estado de ánimo renovado y un enfoque más consciente de la socialización en tiempos positivos. En mi caso, prometo que así será.

Caleb Ordoñez T.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.