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Tipifican como delito las peleas de perros

La Cámara de Diputados aprobó por 291 votos a favor y uno en contra el dictamen que reforma el Código Penal Federal, para tipificar como delito las peleas de perros y establecer sanciones que podrían ser de hasta siete años y medio de prisión y tres mil 300 días de multa.
El dictamen adiciona un Artículo 419 Bis al ordenamiento y surge de iniciativas que presentaron por separado los coordinadores de los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, y de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda Hoeflich, así como de la legisladora Verónica Delgadillo García y se turna al Senado para su análisis y eventual aprobación.
De acuerdo con Notimex, señala que las sanciones serán de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a 200 mil días de multa, y se incrementarán en una mitad cuando se trate de servidores públicos. A los espectadores de estos eventos se les impondrá un tercio de la pena.
Indica que las actividades que se sancionan en el nuevo precepto son criar o entrenar perros con propósitos de hacerlos participar en peleas; comprar, vender, poseer o transportar caninos para involucrarlos en peleas, y organizar, promover, anunciar, patrocinar o vender entradas para espectáculos que impliquen dichas riñas.
Asimismo, poseer o administrar una propiedad para realizar peleas de perros; ocasionar que menores de edad presencien exhibiciones de riñas entre caninos, y realizar cualquier acto, incluso sin fines de lucro, con el propósito de involucrar a perros en peleas.
En su exposición de motivos, se establece que es necesario legislar en materia de combate al maltrato y crueldad contra los animales, no sólo porque se ha vuelto una tendencia internacional, sino porque es una necesidad de la sociedad, “dado que la violencia contra los animales está asociada a otro tipo de violencias sociales y fenómenos de descomposición social”.
El dictamen indica que en algunos estados del país se han incluido sanciones en sus leyes penales a quienes maltraten a los animales; sin embargo, las sanciones no son homologadas, por lo cual resulta necesario fijar una postura a nivel federal, en particular sobre las peleas de perros.
Para fundamentar el dictamen hizo uso de la tribuna el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, quien señaló que una de las prácticas más deplorables que puede utilizar un ser humano es la violencia hacia otro ser vivo, que por sus propias características y condiciones se encuentran en desventaja, es decir, indefenso. Este tipo de patología incluye al maltrato animal.
El dictamen indica que en algunos estados del país se han incluido sanciones en sus leyes penales a quienes maltraten a los animales
Desafortunadamente, dijo, una de las formas más comunes del maltrato animal en la actualidad es la pelea de perros.
Advirtió que esta actividad ha proliferado exponencialmente en casi todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas, y por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. Es decir que desde la clandestinidad se ha construido una industria.
Por lo tanto, Ibarra Hinojosa dijo, es prioritario para este órgano legislativo tomar cartas en el asunto e inhibir esta lamentable práctica con reformas adecuadas y combatir el crecimiento de un negocio basado en la crueldad hacia los seres vivos.
Lo que se busca con esta propuesta, insistió el priista, es combatir el maltrato animal, específicamente la pelea de perros.
Con estas reformas, precisó, se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen u ocasionen que menores asistan a eventos en los que se lleven prácticas tan lamentables; de tal manera que con esta misma reforma México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, como naciones que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad.
El perredista Arturo Santana Alfaro externó que con la creación del Artículo 419 Bis del Código Penal se establecen sanciones penales tendientes a combatir el maltrato animal, específicamente el relativo con los caninos.
Quisiera utilizar esta oportunidad para reflexionar sobre el trato digno, respetuoso que deben de tener todos los animales. De lo anterior debemos subrayar que debemos conocer a los animales, entenderlos para protegerlos y evitar la extinción de muchos de ellos, expresó.
El diputado del Partido Verde, José Refugio Sandoval Rodríguez, apuntó que esta legislación se orienta esencialmente a la erradicación de prácticas que lastiman a otros seres vivos y que no pueden tolerarse en una sociedad que aspira a vivir en armonía con el resto de las especies con las cuales compartimos la Tierra.
Aclaró que esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, la inducción, la asistencia, la participación y la ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.
El priista Pablo Elizondo García, calificó a las peleas de perros como una expresión categórica de la violencia, representan un espectáculo bárbaro y que involucra la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores.
Además de la crueldad que esta actividad encarna, existe toda una serie de delitos asociados a las peleas de perros, entre ellos las apuestas ilegales, el crimen organizado, así como el tráfico de drogas y de armas, agregó.

SIPSE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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