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Titular de la CNDH no emite recomendaciones y tampoco atiende a las víctimas

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El nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estuvo envuelto en polémicas y advertencias de políticos de la oposición y especialistas, por su militancia en Morena y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alertaban que estaba en riesgo la autonomía del organismo para realizar su delicado y fundamental trabajo.

Diez meses después de que tomó juramento como ombudsperson, Piedra Ibarra y la CNDH han estado involucradas en escándalos, omisiones y silencios, y la advertencia suena más fuerte que nunca.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dejado de emitir recomendaciones y ha destacado por su falta de atención a los reclamos de familiares de las numerosas víctimas que han visto violados sus derechos humanos en el país.

Su falta de actuación y de sensibilidad con las víctimas, es lo que tiene a la CNDH sumida en la peor crisis de su historia.

El pasado 2 de septiembre, la señora Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de violación en su colegio a los 5 años de edad, llegó junto con otras 15 personas, a las oficinas de la Comisión, ubicadas en la calle de República de Cuba #60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; para entrevistarse con la ombudsperson y exigir justicia.

Pero la falta de respuestas llevaron a Marcela a amarrarse a una silla y dijo que no se movería del lugar hasta que la CDNH se pronuncie sobre la violación de su hija.

“Estoy aquí en la sala de juntas de Rosario de Piedra (Rosario Piedra Ibarra) y me he amarrado (a la silla) porque ya me querían mandar otra vez a poner otra denuncia. Ya me cansé. Mi niña, es una niña que merece ser defendida por los derechos humanos. Pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ella lo que quiere, y no solo por Lya, por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta” (sic), aseguró la señora Marcela Alemán, en un video difundido por “Colectiva Independiente Revueltas”.

Desde ese momento, las instalaciones de la CNDH en el Centro quedaron tomadas por madres de víctimas de abuso sexual, de feminicidios y otros delitos, junto con activistas feministas.

Días después de la toma, el sábado 5 de septiembre, aseguraron que no se moverían de las instalaciones e incluso advirtieron que tomarían otras oficinas de la CNDH en el país.

“De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y somos de todo el país, y así tengamos que quemar las pinches fiscalías, lo vamos a hacer. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y ministerios públicos! Y si no pueden, tengan tantita dignidad y renuncien”, gritó esta mañana desde el balcón del inmueble Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en enero de 2016 en la Ciudad de México.

Agencias

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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