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Titular de la CNDH no emite recomendaciones y tampoco atiende a las víctimas

El nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estuvo envuelto en polémicas y advertencias de políticos de la oposición y especialistas, por su militancia en Morena y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alertaban que estaba en riesgo la autonomía del organismo para realizar su delicado y fundamental trabajo.

Diez meses después de que tomó juramento como ombudsperson, Piedra Ibarra y la CNDH han estado involucradas en escándalos, omisiones y silencios, y la advertencia suena más fuerte que nunca.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dejado de emitir recomendaciones y ha destacado por su falta de atención a los reclamos de familiares de las numerosas víctimas que han visto violados sus derechos humanos en el país.

Su falta de actuación y de sensibilidad con las víctimas, es lo que tiene a la CNDH sumida en la peor crisis de su historia.

El pasado 2 de septiembre, la señora Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de violación en su colegio a los 5 años de edad, llegó junto con otras 15 personas, a las oficinas de la Comisión, ubicadas en la calle de República de Cuba #60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; para entrevistarse con la ombudsperson y exigir justicia.

Pero la falta de respuestas llevaron a Marcela a amarrarse a una silla y dijo que no se movería del lugar hasta que la CDNH se pronuncie sobre la violación de su hija.

“Estoy aquí en la sala de juntas de Rosario de Piedra (Rosario Piedra Ibarra) y me he amarrado (a la silla) porque ya me querían mandar otra vez a poner otra denuncia. Ya me cansé. Mi niña, es una niña que merece ser defendida por los derechos humanos. Pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ella lo que quiere, y no solo por Lya, por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta” (sic), aseguró la señora Marcela Alemán, en un video difundido por “Colectiva Independiente Revueltas”.

Desde ese momento, las instalaciones de la CNDH en el Centro quedaron tomadas por madres de víctimas de abuso sexual, de feminicidios y otros delitos, junto con activistas feministas.

Días después de la toma, el sábado 5 de septiembre, aseguraron que no se moverían de las instalaciones e incluso advirtieron que tomarían otras oficinas de la CNDH en el país.

“De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y somos de todo el país, y así tengamos que quemar las pinches fiscalías, lo vamos a hacer. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y ministerios públicos! Y si no pueden, tengan tantita dignidad y renuncien”, gritó esta mañana desde el balcón del inmueble Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en enero de 2016 en la Ciudad de México.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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