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Duarte

Todavía hay ocho órdenes de aprehensión pendientes contra Duarte

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que existen 7 u 8 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte pendientes de ejecutarse dentro del Principio de Excepción.

Durante la audiencia de ayer, la defensa de Duarte Jáquez dio a conocer que el pasado martes por la noche se notificó de una nueva orden de aprehensión, por el presunto delito de peculado por 120 millones de pesos bajo la causa penal 1260/2017.

Cabe señalar que César Duarte fue extraditado el pasado 2022 para ser juzgado únicamente por una de las causa penales de las más de 20 que hay en su contra.

Sin embargo, desde hace un año y medio se solicitó al Gobierno de Estados Unidos, aplicar el Principio de Excepción en la Solicitud de Extradición contra César Duarte para ser juzgado por otras carpetas de investigación.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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