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México

Tomas clandestinas se disparan en 18% al cierre del primer trimestre del año

Al cierre del primer trimestre del año, Pemex ya registró más de cuatro mil 374 perforaciones ilegales para el robo de hidrocarburos, lo que representa un aumento de 18.5 por ciento.

Esto significa que en dicho periodo se detectaron 683 tomas más respecto de las tres mil 691 del mismo periodo del año pasado.

Aunque la empresa forma parte de la implementación del plan contra el llamado huachicol, que involucra a por lo menos 15 dependencias del gobierno de México, en los primeros cuatro meses de este sexenio, ya se registraron un total de cinco mil 642 tomas clandestinas para el robo de petrolíferos, principalmente gasolina y diesel.

Aun cuando las tomas clandestinas siguen en aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la semana pasada que ya se logró un ahorro de 12 mil millones de pesos y que al mantener la estrategia contra el robo de hidrocarburos, en el que también participan más de diez mil elementos tanto del Ejército, Semar y Policía Federal, se alcanzará la meta de los 50 mil millones al cierre de este año.

Datos de la empresa, a los que Excélsior tuvo acceso, muestran que Hidalgo sigue siendo el estado donde se da con mayor frecuencia este delito, pues en el periodo referido se detectaron mil 538 tomas clandestinas, 238% más que el año pasado.

La cifra representa 35% del total de delitos cometidos en todo el país, lo cual llama aún más la atención, debido a que en enero pasado murieron más de 130 personas por la explosión de un ducto.

Tan sólo en el poblado de Tlahuelilpan, donde ocurrió el accidente, ya se detectaron 77 perforaciones, aunque el mayor número se ha encontrado en Tula, donde se localiza la refinería, con 282, así como Cuautepec de Hinojosa, con 248, el cual colinda con Puebla.

Los municipios cercanos a Tula, como lo son Tetepango, Atotonilco, Ajacuba, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan, entre otros, es donde se concentra el delito dentro del estado, por ser las zonas por donde corre el ducto Tuxpan Tula.

Por otro lado, el Estado de México se convirtió en el segundo lugar con el mayor número de tomas, con 582, y un aumento de 84.8%, mientras que Guanajuato registró 450, equivalente a un alza de 8.4 por ciento.

Aunque las tomas clandestinas se han incrementado de manera general, en otros estados se ha logrado una reducción significativa en la detección de estos delitos. Uno de ellos es Puebla, que registró una caída de 21.7%.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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