Opinión
Torruco Garza: el oportunista que quiere tomar el Mundial 2026
Miguel Torruco Garza, que ni siquiera ha asentado el polvo de su reciente nombramiento por parte de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum como Director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, ya demuestra tener una meta más ambiciosa en mente. No contento con su rol en la Secretaría de Educación Pública, Torruco Garza busca posicionarse y se presenta así ante empresarios, como la figura que coordinará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.
En un movimiento que bien podría interpretarse como un intento por escalar más allá de sus credenciales, este oportunista político parece haber identificado en el Mundial un trampolín de exposición y relevancia que, en su visión y apoyado por su padre, persona recurrente en estas prácticas, Miguel Torruco Marqués, trasciende las funciones de su cargo actual y le da el mayor reflector. Al prometer a empresarios con los que se ha reunido, que el «negocio» del Mundial pasará por su oficina, no solo revela su visión comercial del evento, sino también una preocupante desconexión con el compromiso institucional, sobre todo al margen de la aprobación presidencial y de otras dependencias competentes.
El malestar que se sabe ya existe en Palacio Nacional frente a la presunción de Torruco Jr. como supuesto intermediario con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al tratar de hacerse pasar como experto en temas de infraestructura, seguridad, turismo y deporte, no es poca cosa y ha incomodado no solo a la Presidencia de la República, sino también a secretarías como la de Turismo encabezada por Josefina Rodríguez, así como de Seguridad y Protección Ciudadana cuya titularidad recae en Omar García Harfuch, que se suman a las expresadas en áreas de logística y diplomacia deportiva.
A pesar de los años invertidos en posicionarse políticamente con el apoyo de su familia, ni la candidatura a la alcaldía de Miguel Hidalgo, ni sus acercamientos con la cúpula política, o la presencia en eventos sociales y de alto impacto como la Fórmula 1, han tenido para él el impacto deseado. Su afán por asumir un papel central en la organización del Mundial revela un intento de consolidarse en la escena política, percibido por algunos como una estrategia de protagonismo que prioriza su interés personal sobre el adecuado servicio a México en uno de los mayores eventos de relevancia internacional.
La organización del Comité Nacional para la Copa Mundial de la FIFA es un encargo muy importante, que define no solo la coordinación logística y de seguridad en el país sede, sino también su proyección internacional y éxito como anfitrión. A lo largo de la historia, la FIFA ha contado con personas de gran trayectoria al frente de sus comités organizadores, profesionales con experiencia probada en la administración pública y de eventos deportivos de gran envergadura, quienes además poseen habilidades diplomáticas y una comprensión profunda del impacto económico y social del fútbol. Figuras como Hassan Al-Thawadi en Qatar 2022 y Jerome Valcke en Brasil 2014fueron elegidos precisamente por sus logros en la planificación y ejecución de proyectos complejos, asegurando un legado duradero y la correcta representación de sus respectivos países en el escenario mundial. Estas selecciones, respaldadas por años de éxito y compromiso, no solo benefician al país organizador, sino que también fortalecen la posición de la FIFA como institución responsable de la transparencia y la calidad en sus eventos.
La posibilidad de que este rol caiga en manos de figuras caracterizadas por la ineficiencia y el oportunismo político genera gran preocupación. La gestión de Miguel Torruco Marqués en la Secretaría de Turismodurante el sexenio pasado dejó en evidencia cómo la improvisación y la búsqueda de reflectores pueden frenar el desarrollo de una institución clave. Bajo su dirección, el turismo en México padeció por la falta de políticas coherentes y visión a largo plazo. Con un evento de la magnitud del Mundial en puerta, repetir el modelo de la improvisación sería perjudicial.
La intención de Torruco Garza de encabezar el Comité Nacional para la Copa del Mundono refleja vocación de servicio ni un compromiso genuino con el país, sino más bien un intento de prolongar el poder familiar mediante proyectos de alto perfil. Este tipo de ambición sin mérito no solo deja de lado las competencias técnicas y estratégicas que el puesto requiere, sino que también expone a México a una posible situación de caos e ineficiencia, comprometiendo su imagen y desarrollo en un evento de alcance global.
Redes: @iremunoz
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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